Gobierno uruguayo planteó cambios a proyecto para regular las apps como Uber

Tras la lluvia de críticas que recibió el proyecto de ley para regular las aplicaciones tecnológicas (app), el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) presentó ante la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados una serie de modificaciones que apuntan a que los organismos competentes en cada área sean los que regulen las actividades e incorpora el concepto de territorialidad para garantizarse el cumplimiento.

El objetivo de Presidencia es contar con una "ley que regule los aspectos generales y sirva de instrumento para impulsar y ejecutar las regulaciones particulares desde cada uno de los servicios prestados en territorio nacional", dijo el director de Agesic, José Clastornik el lunes 6 de junio en la comisión según la versión taquigráfica a la que accedió El País.

De hecho, el funcionario informó que ya hay órganos competentes que están analizando caminos para regular a los sectores específicos. En el caso de Uber, que fue el que desató la polémica dentro del sector transporte, según Clastornik sería la propia intendencia la que debería definirlo. "Por ejemplo, regular puede ser: No queremos este servicio o Este servicio se brinda de tal forma, con tales condiciones de seguridad para los pasajeros, con tales condiciones de seguridad para quienes actúan como choferes o con tal costo", expresó.

"Si queremos imponerle una carga tributaria a esa empresa hay que regular la plataforma como tal; además, nosotros estamos proponiendo regular completamente el servicio que se brinda en territorio nacional, lo que incluiría a los choferes que trabajan para Uber, quienes deberían tener una empresa unipersonal, pagar impuestos y tener el auto en condiciones reglamentaria, y si luego se establecen nuevas exigencias o condiciones de transporte, también deberán cumplir con ellas", acotó en la comisión María José Viega, del Área Derechos Ciudadanos de Agesic.
Articulado.

La propuesta oficial elimina el artículo 2 del proyecto que planteaba una definición de sistema informático sobre el cual recaería la legislación. "Se sugiere eliminar porque entendemos que la regulación debería recaer en los servicios prestados utilizando las plataformas informáticas e intermediación y no los sistemas informáticos", dijo Clastornik.

Asimismo el artículo 3 introduce el concepto de territorialidad y acota el alcance al proveedor del servicio y no a toda la cadena. El texto propuesto pasa a decir que "la presente ley es de aplicación a los servicios prestados en territorio nacional, a título oneroso, utilizando una plataforma informática de intermediación para su contratación, quedando sujetos a las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional que les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen con independencia de la utilización de medios electrónicos para su realización".

Según el gobierno este artículo es "el núcleo" de la norma ya que hoy ven una "dificultad de regulación bastante fuerte" para delinear la operativa de una plataforma cuya propiedad no está en el país y que "no tiene sede física, lógica ni máquinas". Por eso, considera que "existe la posibilidad de regular servicios basados en Uruguay imponiendo como condición al prestador autorizado vivir en Uruguay y tener constituida su persona jurídica unipersonal o cualquiera fuese en el país", explicó el director de Agesic. Con esto se entiende que habrá alguien a quien auditar y sancionar en caso de incumplimiento.

"En la medida en que se regule un servicio prestado en el país cada uno de los órganos competentes deberá hacer un análisis específico para determinar el mejor formato para hacerlo. Lo que estamos diciendo es que si regulan una actividad generada en el Uruguay van a tener los instrumentos para generar las obligaciones y las sanciones que correspondan en cada caso."