En tribunales, el ex funcionario que tiró millones al convento pide cocaína a los gritos

BUENOS AIRES (Uypress) -El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, quien fue sorprendido por la policía escondiendo US$ 9 millones en un monasterio, debe declarar ante el juez Daniel Rafecas.

José López, exsecretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue detenido este martes mientras intentaba esconder 160 bultos con cerca de US$ 9 millones en un convento.

Acusado por presunto lavado de dinero, López permaneció en una dependencia policial de Moreno hasta este jueves, cuando fue trasladado hacia Comodoro Py para declarar ante el juez Daniel Rafecas, quien congeló sus cuentas y las de sus familiares y allanó ocho de sus propiedades en Santa Cruz, Tucumán, Tigre y Buenos Aires.

Se contrataron otros US$ 80 mil en un caja de seguridad sucursal porteña del Banco Patagonia, pero los allanamientos no lograron encontrar otros objetos.

López fue alojado en los calabozos de la planta baja de los tribunales y allí, mientras espera a Rafecas, comenzó a gritar y se negó a que le pusieran en caso de seguridad, pública La Nación. Incluso le pidió cocaína a los guardias en el centro de detención de Moreno.

Una serie de análisis clínicos y psiquiátricos determinó que no tiene ningún problema psicológico que le impidiera razona y prestar atención a pesar de lo que había declarado su abogada, Fernanda Herrera, había asegurado que su defendido estaba mal: había entrado en estado de pánico, "sentía voces y deliraba".

Este martes, la fiscal de Luján Alejandra Rodríguez intentó tomarle declaración a López, pero el ex funcionario se negó a declarar y alegó tener problemas psiquiátricos que posteriormente no fueron corroborados por personal médico.

Según publica Clarín, el episodio que protagonizó el exsecretario de Obras aceleró otras causas. Según el medio, el juez Marcelo Martínez de Giorgi acaba de citar a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas y a la titular de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, entre otros, luego de comprobar que hubo desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales destinados al programa de viviendas Sueños Compartidos.

La Justicia también comprobó que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. En total, deberán declarar 43 personas. La ronda de indagatorias comenzará el 4 de julio y terminará recién a fines de septiembre.