El Estado uruguayo no ha constituido una política de reparación para el colectivo de ex presos políticos

Esta fue una de las conclusiones a las que arribó el estudio desarrollado por el Instituto de Ciencias Políticas de la UdelaR.

"¿Qué acciones reconoces por parte del Estado hacia los ex presos políticos de 1985 hasta ahora?", pregunta el entrevistador. "Por parte del Estado... mira... no se... no me doy cuenta de nada... decime vos... Bueno el Estado estuvo completamente ausente. No estuvo en nada", responde uno de los entrevistados. "Lo de la PER (Pensión Especial Reparatoria) me parece lo más importante. Y después no veo mucha cosa más. Tampoco yo focalizó mucho en los ex presos, no me parece, pero no me doy cuenta nada más que eso", intenta recordar otro.

En esa línea se mantuvieron las respuestas en las 30 entrevistas a ex presas y ex presos políticos en relación a la Ley N° 18.033 en el marco de la investigación realizada por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República presentado este jueves.

El estudio realizado en convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos se planteó como objetivo "analizar el impacto de las leyes dirigidas hacia ex presos y presas políticas" que "por su trayectoria están incluidas en la PER".  El Estado "no ha logrado desarrollar una política clara, coherente y sostenida que se constituya como una política de reparación para el colectivo de ex presos políticos", afirma una de las conclusiones.

"Podemos apuntar que el impacto de la normativa se ha erosionado por la cláusula de exclusión por tope de ingresos y renuncia a otras prestaciones legítimamente generadas. En este sentido podría esperarse otro alcance y otra aceptación más extendida de no registrarse estas particularidades", afirma otra.

A partir de las entrevistas en profundidad, el estudio muestra que el impacto del período de cárcel, donde se constataron violaciones y torturas físicas y psicológicas, junto a otra serie de hostigamientos, impactaron sobre la reinserción de los ex presos y presas políticas en la vida cotidiana fuera de la prisión, sobre todo en la búsqueda de sustentos de vida (en este punto en Estado es reconocido como un factor importante de "reincorporación a la sociedad").

Pero el período carcelario también impactó en el largo plazo, afirma el estudio, generando un manto de "silencio sobre el pasado" y la "experiencia carcelaria".  "A pesar de este silencio prolongado, algunos pudieron romperlo y lograron expresar algunas vivencias del período autoritario. Esto sucedió fundamentalmente a partir del año 2005 e incluso en periodos más recientes para algunos casos", afirma el documento.

En busca de "establecer un recorrido sobre las medidas estatales dirigidas hacia las ex presas y ex presos políticos", los entrevistados manifestaron percibir una "largo período de asencia de medidas estatales" que se marcó "muy fuertemente" en el período 1985 a 2005.

"La mención a leyes en este periodo que hayan generado un impacto en este colectivo ha sido muy escaso, mencionando en algunos casos la ley de restitución de funcionarios a organismos estatales, y la denominada "ley Batlle", que permitía computar años en exilio, clandestinidad o cárcel como años aportados a la seguridad social", consigna la investigación.

Dentro de las políticas estatales destinadas al colectivo, los entrevistados mencionaron especialmente la PER que apareció con la aprobación de la ley N° 18.033 en 2006 y que identificaron como "la primera norma implementada" hacia ex presos y presas políticos.

En gran mayoría, la PER se constituyó como un "fuerte impacto económico del cual han dado cuenta los entrevistados", sobre todo teniendo en cuenta la "extensa vulnerabilidad de este colectivo en cuanto a su estabilidad económica y concreción de una situación de retiro sustentable para su vejez".

Aún así, el colectivo entiende que no existe un "discurso sostén" de la medida que otorgue legitimidad a la PER ante la sociedad. "(...)la normativa no es clara y no ha sido clara en su implementación por parte de las declaraciones hechas por parte de referentes del gobierno", afirmaron los entrevistados.

Además, "la normativa contiene una cláusula que la inhabilita a aquellas personas que perciben un salario mayor (en promedio anual), o en caso de que la persona perciba jubilaciones, seguros o similares deberán optar entre estos y la PER".

Este punto es "clave" porque genera una "gran explosión dentro del colectivo" y es señalado como una injusticia para "ante personas que han vivido procesos similares de terrorismo de Estado". "En este orden muchos lo han catalogado como una reparación parcial, y otros han manifestado que entienden que esta normativa directamente no constituye una reparación dadas las condiciones a las que está sujeta", observa el estudio.

En este contexto, se concluye: "El colectivo de ex presas y ex presos políticos mantienen al día de hoy una amplia serie de vulnerabilidades que el proceso de implementación de políticas no ha podido subsanar, si bien se han logrado impactos concretos mediante la implementación de estas normas, hay una serie de aspectos que no han sido modificados y que extienden las consecuencias del proceso vivido hasta el presente".