Las excesivas vacaciones de jueces en Uruguay causan polémica

El martes 24 de mayo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, criticó a la Suprema Corte de Justicia por los 60 días libres al año que gozan los operadores judiciales y por falta de controles de los horarios.

Una semana más tarde, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, replicó señalando que "está en discusión" si son excesivas o no la instrumentación de tres ferias judiciales en un año. "Puede ser un tema a discutir. Pero lo haremos con los interlocutores válidos. Es decir, con integrantes del sistema político", dijo Pérez Manrique, en alusión a que Díaz no es un operador con quien negociar o discutir este asunto.

A las 14:00 horas de ayer, Pérez Manrique insistió con el tema en un tuit, aunque tampoco mencionó a Díaz: "Nadie tiene que decirnos lo que tenemos que hacer".

Tras aclarar que la Suprema Corte aplica controles biométricos de su personal, el presidente de la Corte sostuvo que la Justicia Penal, la Justicia de Adolescentes, la Justicia Especializada en Crimen Organizada y la Justicia de Familia funcionan sin horarios en todo el país. "Debemos velar por todo el Poder Judicial y no solo por el ámbito penal", dijo Pérez Manrique a El País.

Enseguida agregó: "De acuerdo a los recursos que tenemos, la Justicia está funcionando en Uruguay. El diario inglés The Guardian señaló que Uruguay es una de las democracias plenas por la independencia del Poder Judicial del sistema político".

El presidente de la Corte destacó que, en abril de este año, Uruguay se convirtió en el primer país sudamericano en ocupar la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana. "Ello muestra el nivel de reconocimiento que tiene la Justicia uruguaya", agregó el jerarca.

La Cumbre Iberoamericana está integrada por 23 países de América Latina, más España, Portugal y Andorra.

El 24 de mayo, Díaz concurrió a la Comisión de Constitución y Código de Diputados a hablar sobre la implementación del nuevo Código de Proceso Penal. En una parte de su exposición, el fiscal de Corte sostuvo que el cambio de un proceso inquisitivo —que lleva más de cien años en Uruguay— a uno acusatorio, implica una transformación cultural muy grande.

También significa, agregó, un cambio en el funcionamiento de la administración del servicio de justicia que, a su juicio, es impostergable.

"Por ejemplo, en la Justicia Penal no podemos seguir con un régimen de feria judicial de treinta y ocho días para la feria judicial mayor; quince días de feria judicial menor y siete días de Semana de Turismo, lo que hace que durante sesenta días al año el sistema de administración de justicia esté paralizado", expresó Díaz.

Las oficinas judiciales durante las ferias atienden solamente los casos de extrema gravedad, no corren los plazos, no se realizan audiencias, las oficinas están abiertas dos horas al día y se trabaja cuatro horas, sostuvo el fiscal de Corte en el Parlamento. "El número de recursos que se necesita para implementar una reforma de estas características, con este régimen, se multiplica. En el resto del mundo, donde se han instrumentado procesos acusatorios, las ferias ya son una especie en extinción", expresó Díaz. Enseguida agregó: "Tampoco podemos seguir trabajando en un régimen de 13 a 18 horas".

Sabedor de que sus dichos iban a generar polémica, Díaz planteó que se debería controlar la asistencia diaria de los operadores del sistema de justicia a sus despachos.

La Asociación de Magistrados y y la Asociación de Fiscales rechazaron las afirmaciones de Díaz.
La Corte decidirá sobre el estatus jurídico de la Fiscalía de la Nación.

Desde hace semanas se repiten las polémicas entre la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte. Los temas son variados: un polémico fallo sobre un atraco a un hombre en la Ciudad Vieja, la implementación parcial del nuevo Código de Proceso Penal, los feriados y las horas de trabajo real de jueces, fiscales y defensores. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia tiene la "sartén por el mango", ya que los ministros deberán decidir en breve sobre un recurso de inconstitucionalidad que podría eliminar el actual estatus jurídico de la Fiscalía General de la Nacional, iniciativa que fue impulsada por el propio fiscal de Corte, Jorge Díaz.

El panorama no es alentador para Díaz. El fiscal de Corte subrogante, Daniel Gutiérrez, emitió un fallo confirmando que la creación de la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado es inconstitucional, porque este régimen es para actividades comerciales e industriales del Estado.

Díaz promovió el nuevo estatus jurídico de la Fiscalía de la Nación —por fuera del Ministerio de Educación— con el propósito de que el organismo este listo para la puesta en funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal previsto para febrero del 2017.