Más de la mitad de los legisladores brasileños son corruptos y tienen cuentas pendientes con la justicia

Más de la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados brasilera, que la semana pasada votó la apertura del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, tiene cuentas pendientes con la justicia.

Acusaciones de corrupción, tobo, tortura, son algunas delas causas a las que están sometidos más de la mitad de los diputados brasilero, que el domingo pasado en su gran mayoría hicieron gárgaras de honestidad y transparencia al votar por la apertura del proceso de juicio político a la presidenta Rousseff.

Hay quienes atribuyen al diputado Paulo Salim Maluf la frase "roba, pero haz", dando a entender cuál era la impronta que daba a su gestión. En la década de 1980, cuando el hoy veterano político era alcalde de la ciudad de San Pablo, muchos de sus votantes decían "él roba, pero también reparte". Tal vez, el ejemplo de este legislador, condenado a tres años de cárcel por lavado de dinero en Francia, perseguido por la Interpol por el mismo delito, sin poder salir del país por temor a acabar en una cárcel extranjera, es el que muchos otros han tomado, a ver por los numerosos miembros del Legislativo con cuentas con la Justicia. Maluf, del centroderechista Partido Progresista,  fue uno de los 367 diputados que el domingo 17 votó por el impeachment.

De acuerdo a El País de Madrid, el 53,7% de los 513 diputados de la Cámara de Representantes brasilera tiene o ha tenido cuentas pendientes con la justicia, basado en datos de la organización Transparência Brasil, que se encarga de llevar un informe pormenorizado y actualizado de este asunto. En números reales, 273 parlamentarios.

No a todos se les acusa de robar. O no únicamente de eso. Al diputado Alberto Fraga, del partido Demócratas de Brasil (DEM), de centro derecha, entre otras denuncias, se le condenó hace años por llevar ilegalmente un arma de fuego. El parlamentario Éder Mauro, del Partido Social Democrático (PSD) está acusado, por el Tribunal Supremo Federal, de extorsión y tortura en 2009, época en que ejercía de jefe policial en el Estado de Pará. Mauro, según el tribunal, amenazó con ejecutar a tiro limpio a un padre y a sus dos hijos pequeños, causándoles, según reza la denuncia, "un violento sufrimiento, físico y mental". Con todo, fue el diputado más votado del Estado de Pará. El lunes, después de apoyar el proceso de destitución de Rousseff, fue recibido por 50 personas con pancartas y gritos a su favor en el aeropuerto de Belem.

El pastor evangélico Hidekazu Tamayama, diputado del Partido Social Cristiano (PSC), tiene abierto un proceso en su Estado de Pará que incluye desvío de dinero, pagos ilegales en la Asamblea del Estado y la contratación de funcionarios fantasmas; Nilson Leitão, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), de centro derecha, está procesado por atentar contra la población indígena y tratar de quedarse fraudulentamente con sus tierras en el estado de Mato Grosso. Y se puede seguir hasta completarla lista.

Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, no es la presidenta Dilma Rousseff la política menos apreciada por los ciudadanos. Ese título lo ostenta el pesidente de la Cámara de Diputados -acusado por la jefa de Estado como uno de los dos jefes de la intentona golpista- Eduardo Cunha, que se esconde tras la máscara de piadoso evangelista. El 84% de los brasileros que quieren que Rousseff deje el cargo está también en contra de él. Cunha está acusado de tener y haber ocultado ante la justicia cuentas en Suiza, engordadas a base de sobornos.

Según el informe de El País de Madrid, la Fiscalía dio a conocer los obscenos gastos (6.000 dólares por una noche de hotel en Dubai, entre otras cosas) del parlamentario y su familia durante unas vacaciones de Navidad. En las redes sociales de Brasil vuela ahora, con toda la carga de ironía y de amargura, la frase con la que Cunha dio inicio a la sesión de votación del doingo 17: "Que Dios tenga misericordia de este país".

El Senado no se queda atrás

La Cámara Alta, que según las diferentes proyecciones va camino a habilitar el juicio político, no se queda atrás respecto a Diputados: el 55,6% de sus integrantes está involucrado en casos judiciales.

Tal vez el más famoso sea el de Delcidio de Amaral, ex portavoz del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), actualmente procesado en el Caso Petrobras. El propio presidente del Senado, Renan Calheiros, tercero en la línea sucesoria de Rousseff, del Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), está siendo investigado en nueve piezas distintas del mismo caso de la petrolera.

Un último ejemplo, tan ridículo como sintomático: la diputada Raquel Muniz recordó, en el momento de su voto del domingo, a su marido, el alcalde de Montes Claros, en el Estado de Minas Gerais: "Mi voto favorable es para decir que Brasil tiene salida y el alcalde de Montes Claros nos lo demuestra a todos con su labor". Al día siguiente, el alcalde (el marido) fue detenido por la Policía Federal acusado de torpedear la marcha de un hospital público a favor de otro privado gestionado por parientes suyos.