Nuevo fallo favorable a funcionarios judiciales de Uruguay

Un Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo favorable a los funcionarios judiciales en su reclamo contra el Estado por el pago de los 266 millones de pesos adeudados desde 2011. El dirigente Carlos Fessler dijo a Montevideo Portal que la sentencia ya no puede ser recurrida por el gobierno.

El Tribunal de Apelaciones de 3° Turno en lo Civil ratificó el fallo a favor de los funcionarios judiciales en el juicio que mantienen con el Estado por el pago de los 266 millones de pesos que se les adeuda desde 2011. A diferencia del fallo de primera instancia, la nueva resolución exonera del pago al Ministerio de Economía y establece que la sentencia debe ser cumplida por el Poder Judicial.

A través de un comunicado, la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial (AFJU) informó a sus socios que el fallo significa que "la totalidad del reclamo económico de los trabajadores judiciales queda confirmado por la sentencia, condenándose al Poder Judicial a pagar las diferencias salariales que resulten de la liquidación, dejando sin efecto la condena contra el Ministerio de Economía y Finanzas".

Al no haber sido incluido en el fallo, el Ministerio de Economía no podrá volver a recurrir la sentencia a través de un recurso de casación.

El presidente de la AFJU, Carlos Fessler, dijo a Montevideo Portal a partir de la sentencia "lo que queda es sentarnos con la Suprema Corte de Justicia para ver cómo se hace la liquidación". Previendo esa situación, los funcionarios judiciales preparan un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 733 de la última Ley de Presupuesto.

El artículo prevé que, ante fallos judiciales que obliguen al Estado a pagar reclamos salariales, el Ministerio de Economía tendrá un plazo para prever el pago en la siguiente en las siguientes "instancias presupuestales".

 Fessler consideró, de todos modos, que si bien el fallo refuerza la posición de los judiciales, "no invalida las instancias de negociación" que se habían iniciado con el gobierno y que culminaron en diciembre con un acuerdo que preveía el pago de una partida de 25 mil pesos para cada funcionario y la distribución de otra partida en forma proporcional según el escalafón de cada funcionario.

"Ahora el que tiene que tomar la iniciativa es el gobierno, que es el deudor", dijo el dirigente, en referencia a la necesidad de que los contactos se retomen tras el nuevo fallo.