Informe de Ancap exculpa a Sendic y castiga a Astori

El déficit de Ancap es responsabilidad de Economía (léase Astori, Lorenzo) y no del que fuera presidente del Ente, Sendic, concluye, en buen romance, el informe de los integrantes del FA de la comisión investigadora. Como se sabe Astori había cargado las tintas contra Sendic en reiteradas declaraciones públicas pero ahora sus palabras parecen haber caído en un precipicio.

El informe borrador de 185 páginas que elaboraron los integrantes del Frente Amplio en la Comisión Investigadora sobre Ancap traslada la responsabilidad del déficit de US$ 800 millones al Ministerio de Economía, al sostener que "la aplicación de la política tarifaria, contenedora de la inflación en los precios de los combustibles, llevó a que diferentes costos no se trasladaran al precio final". Además, concluye que no hubo "ilícitos o irregularidades" en la gestión de Ancap.

El informe está firmado por los senadores Marcos Otheguy (Lista 711), Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609), Daisy Tourné (PS) y Marcos Carámbula (PCU). Concluye que los ejercicios 2011 a 2014 en Ancap fueron deficitarios en US$ 602 millones y que en el mismo período la empresa podía haber recibido US$ 800 millones de Economía.

El informe recoge la versión del vicepresidente Raúl Sendic, quien declaró en su comparecencia en la Comisión Investigadora: "No hay forma de sustentar una empresa cuando, en un período de cuatro o cinco años, no son tenidos en cuenta US$ 800 millones a la hora de elaborar una plataforma de los ingresos".

La diferencia de costos no considerados fue de un 50% (US$ 400 millones) por incremento en los costos de distribución, un 25% por costos de Ancap vinculados a disponibilidad logística por el aumento de la demanda, un 12,5% (US$ 100 millones) por pago de intereses del financiamiento de endeudamiento y otros 12,5% por variación del tipo de cambio, precio del petróleo y biocombustibles.

"Si conforme al régimen vigente el Poder Ejecutivo no reconoce la estructura de costos endógena propuesta o elevada por Ancap a su consideración, esta queda desde el punto de vista jurídico, en una suerte de estado de sujeción o inercia. Como corolario de lo anterior, debe hacerse cargo de los mismos a costa de su propio patrimonio", señala el borrador del informe oficialista.

Asimismo agrega que "los costos endógenos de Ancap están conformes al orden jurídico vigente". También concluyen que la iniciativa para incorporar los mencionados costos "está suficientemente amparada por el orden jurídico, y se justifica externamente en el cumplimiento del programa de gobierno del Frente".

A juicio de los senadores informantes, a futuro se deberían "transparentar" las reglas de juego a fin de revisar la paramétrica, "ponderando" los costos "no reconocidos" que debe asumir el directorio de Ancap.

El informe cuestiona "el juicio reiterado al infinito en todos los medios de prensa" de que "todas las inversiones previstas" en el Plan Estratégico de Ancap "se multiplicaron por tres o cuatro". Según afirman, esta situación generó una especie de "novela periodística sobre la gestión de Ancap".

Los frenteamplistas critican el "divorcio" o separación entre la actividad y los resultados parciales que se iban gestando a través del trabajo de la Comisión Investigadora y los discursos que se difundían públicamente por la oposición.

Como ejemplo, afirman que el juicio de que el costo real de "todas las inversiones se multiplicaron por tres o por cuatro" es "absolutamente falso". Agregan esto "supone desconocer deliberadamente las elementales fases de estudio, preparación y ejecución de todo proyecto de inversión".

Para justificar el incremento de costos de las inversiones como la planta desulfurizadora de La Teja, sostienen que existió "variación en los costos" como el precio internacional del hierro, del acero, mano de obra, hechos no imputables como la absorción de AESA por YPF, medidas gremiales, problemas de seguridad de los obreros para acceder a la obra, modificaciones del proyecto originario como el software de última generación para el comando de la refinería de la Teja que costó US$ 10 millones o los cambios de diseño para la toma y devolución del agua del Río de la Plata con la finalidad de preservar el medioambiente.

El borrador sostiene que los argumentos que parten de la denuncia del Partido Nacional y que se expresan en el discurso asumido ante los medios de comunicación a instancias del senador Álvaro Delgado (Todos), "son inválidos" porque "parten de la falsedad del contenido de sus propias premisas". Advierte que hacen una lectura "sesgada" e "interesada".

Como ejemplo de "falacias" de la oposición, citan "confundir lo estatal con ineficiencia" o cuando "se reproduce hasta el infinito que Ancap produce las naftas más caras de la región". Con respecto a esto, se critica la no distinción en el precio final de los combustibles, de la parte que percibe Ancap de aquella que se destina a Rentas Generales para financiar el cumplimiento de cometidos estatales.

En pocas palabras, se concluye que el mayor componente de ambos precios es el costo impositivo que tiene como destino a Rentas Generales y no a las arcas de Ancap. Además, se sostiene que no le compete a la Comisión Investigadora analizar la situación económico-financiera de la empresa a partir de los registros de sus estados contables, porque esa es una competencia del Tribunal de Cuentas. En tanto, afirman que tampoco es potestad de la Investigadora expresarse por la gestión de Ancap.

Entre las causas de los resultados negativos se habla del perfil del endeudamiento, el dólar, los altos precios internacionales de insumos básicos, incrementos de mano de obra y los costos internos no trasladados a los precios finales.