Como siempre: Ofrecen 800 pesos por persona para cambiar de mutualista en Uruguay

Cambio de mutualista, cambio de mutualista". Así, en voz baja y apoyados contra una pared, varios hombres intentan atraer a las personas que caminan por Arenal Grande y Colonia, para lograr que decidan cambiarse a algunas los prestadores de salud que ofrecen a cambio de dinero, según constató El Observador en la tarde de ayer. Una de las personas que habló con el periodista de El Observador –que no se identificó como tal–, ofreció gestionar el cambio a las mutualistas Círculo Católico y Casmu.

Desde hace varios años se ha detectado la presencia de la "intermediación lucrativa", una actividad ilícita para obtener nuevos socios. Esa actividad aumenta sustancialmente cada vez que se abre el período de movilidad regulada, que permite a los usuarios cambiar de centro de salud.

El "corralito" mutual se abrió ayer y se mantendrá hasta el 29 de enero para más de 1.600.000 personas que están habilitadas a cambiar de entidad. El mecanismo de intermediación lucrativa consiste en contratar a personas para que ofrezcan a los ciudadanos la afiliación a determinada mutualista, y a cambio se les da una comisión –tanto al intermediador como al usuario–.

En este caso, uno de los hombres ofreció $ 800 por cambiarse a cualquiera de las mutualistas que ofrecía, y el monto ascendió a $2.500 cuando la persona advirtió que tenía dos hijos, a los que también podría afiliar.

La intermediación lucrativa es considerada un delito. Por esa razón, si se constata un caso, el artículo 11 de la Ley Nº 18.131 –que rige desde 2007– estipula que las personas que realizan ese acto o cualquier "acto de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica" que ofrezcan a cambio la entrega o promesa de entrega de dinero a dichos socios o afiliados, pueden ser castigados con una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión.

Sin embargo la intermediación lucrativa solo puede ser sancionada si hay una denuncia formal de la que pueda ser comprobada su veracidad, según explicó a El Observador Arturo Echevarría, presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), organismo que depende del Ministerio de Salud Pública.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo la semana pasada en una conferencia de prensa por la apertura del "corralito" mutual que en el último tiempo no han podido comprobar ningún caso, pero que el MSP "tiene historia" en la preocupación sobre el tema.

"Estamos atentos, precisamos comprobarlo a los efectos de hacer cumplir la normativa. Si se constata se va a ser estrictamente exigentes en que se tomen las medidas legalmente correspondientes", dijo. "No vamos a admitir la intermediación lucrativa".

En tanto el presidente de la Junasa dijo que no han tenido denuncias hasta el momento y aseguró que el año pasado tampoco se registraron durante el período de movilidad regulada, aunque sí en el resto del año.

En ese caso "se tomaron medidas de hablar con la institución que aparentemente estaba involucrada, se le hizo recuerdo de la normativa pero no se llegó a aplicar una multa".

Además de la sanción de cuatro a veinticuatro meses de cárcel para las personas involucradas, en el caso de que el Ministerio de Salud Pública o el Banco de Previsión Social comprueben la presencia de esta actividad ilegal, pueden aplicar sanciones de hasta 1.000 UR (unos $ 846.000) a aquellas instituciones que se hubieran beneficiado.

En el caso de tratarse de una reincidencia, se duplica el monto y se retienen las transferencias al centro asistencial por cuotas de afiliación del Fonasa, según expresa la ley.

Desde el MSP manifestaron la importancia de que se realice la denuncia porque sin ella no se puede iniciar una investigación al respecto, y tampoco es posible sancionar a los involucrados.

Buscar a las personas que hagan la intermediación lucrativa no es una opción, por lo que dependen indefectiblemente de la actuación de la ciudadanía, a quien se pide la denuncia de esas actividades.

El gerente administrativo del Círculo Católico, Marcelo Armada, se desligó del hecho. Aseguró a El Observador que están en contra de la intermediación lucrativa y que conocen las consecuencias. "El que lo hace no pertenece al Círculo. No es el perfil nuestro, nunca lo fue y estamos en contra", expresó.

"El buen nombre del Círculo Católico no lo puede opacar cualquier perejil que ande por la vuelta diciendo que dan plata por afiliarse. Tenemos 85.000 socios, estamos equilibrados económicamente, no lo necesitamos", finalizó.
Mientras tanto, desde el Casmu prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema.