"Oferta" de Eugenio Figueredo "comercializa" el derecho, opinan penalistas

La posible oferta de Eugenio Figueredo a la Justicia, por la que pretende entregar dinero y bienes a cambio de la prisión domiciliaria, es inédita en el sistema penal uruguayo. Así lo afirmaron a El Observador tres expertos en derecho penal, que manifestaron estar sorprendidos por la propuesta.

El acuerdo entre Figueredo y Gómez se firmaría en función de lo que prevé el artículo 6º de la ley de Control y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (18.494) vigente desde junio de 2009.

Esa norma habilita a los fiscales especializados en crimen organizados a reducir la pena hasta la mitad del mínimo o del máximo o incluso no acusar a indagados que aporten información para ubicar a otros implicados o datos para "recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos".

En esa declaración el colaborador deberá revelar toda la información que posea para la reconstrucción de los hechos y la individualización y captura de los autores", especifica la ley 18.494.

Para el abogado Milton Cairoli, exministro de la Suprema Corte de Justicia, es "un asunto muy raro" . "En todos mis años como abogado nunca había visto algo igual", sostuvo. "Desde el punto de vista del derecho penal, no hay ley que ampare la oferta de Figueredo", agregó.

Figueredo analiza proponer al fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez entregar bienes de millones de dólares para poder salir de Cárcel Central y conservar una propiedad para cumplir su pena a través de la prisión domiciliaria.

Juan Fagúndez, también abogado penalista, sostuvo que esa propuesta implica "pagar por tiempo de reclusión", es decir, comprar mejores condiciones para cumplir una pena. Fagúndez explicó que los acuerdos con los fiscales por menos de tiempo de reclusión existen pero a cambio de información, nunca de bienes o dinero. "De concretarse, entraríamos en un estado de narco total, donde los que tienen más pueden acceder a mejores beneficios", agregó.

En la misma línea, Diego Durand, experto en derecho penal, dijo que cambiar condiciones de reclusión por bienes lleva a crear una "Justicia de elite", pensada para los ricos.

El abogado señaló que existe una ley de fianza, que prácticamente no se utiliza en Uruguay porque las penas se aplican con prisión preventiva (cárcel) o internación domiciliaria. De hecho, en caso de enfermedad puede que a un preso se le niegue el derecho a la internación domiciliaria porque las cárceles cuentan con servicios médicos que provee la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

"En este caso no sería ni eso, sino entregar dinero y bienes para que lo recluyan en su casa. No hay antecedentes en el país", dijo Durand.

Según los tres expertos, un acuerdo de ese tipo alentaría una "Justicia de dos velocidades": una para ricos y otra para pobres. "Sería contradictorio con la Constitución y los principios del derecho penal uruguayo. Por un lado decimos severidad y por el otro que si pagan no van a la cárcel", concluyó Durand.