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CAUSA ABIERTA

Jueza guatemalteca procesa a 11 militares por la desaparición de 558 indígenas

Jueza guatemalteca procesa a 11 militares por la desaparición de 558 indígenas

Una jueza de Guatemala resolvió hoy procesar a 11 de los 14 militares retirados acusados de delitos de lesa humanidad por 558 desapariciones forzadas de indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La jueza Claudette Domínguez decidió que hay "falta de mérito" sobre los otros tres militares por supuestas "incongruencias" en las fechas cuando el Ministerio Público (MP-Fiscalía) realizó la acusación, aunque el ente público tiene ahora tres meses para enmendar la investigación.

Según la acusación, los 14 militares participaron de forma "sistemática" en crímenes y matanzas que se pueden considerar "crímenes de guerra", así como en violaciones múltiples a mujeres y menores de edad durante la década de los 80.

Este caso, conocido como Creompaz debido a que las osamentas fueron localizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, ha vuelto a traer a la memoria de los guatemaltecos el drama vivido durante los 36 años de guerra.

Los 11 militares procesados son el general retirado Manuel Benedicto Lucas García y los oficiales José Antonio Vásquez García, Carlos Augusto Garavito Morán, Raúl Dehesa Oliva, Gustavo Alonzo Rosales García, César Augusto Cabrera Mejía, Ismael Segura Abularach y Juan Ovalle Salazar.

Además, están vinculados al proceso Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Luis Alberto Paredes Nájera.

Los 11 procesados deberán permanecer en prisión preventiva en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala por existir peligro de que perjudiquen la investigación.

Los tres militares que no fueron procesados y que deben permanecer bajo arresto domiciliario son Pablo Roberto Saucedo Mérida, Carlos Humberto Rodríguez López y Edgar Rolando Hernández.

Domínguez, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo de Guatemala, dio un plazo de tres meses a la Fiscalía para que concluya la investigación y, posteriormente, decidir si se debe iniciar o no un juicio oral y público.

EFE

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