Gatillo fácil en Peñarol: Piden prisión para 3 policías por ejecutar a un hombre "sospechoso"

La Justicia indagó durante algo más de cinco meses las circunstancias del homicidio de un joven en el barrio Peñarol cuando era perseguido por un grupo de policías para detenerlo por el supuesto robo a un carrito de chorizos de la zona. El fallecido, de 25 años de edad, apareció baleado y golpeado a muy poca distancia de su casa.

La investigación llegó a su fin y el fiscal Carlos Reyes concluyó que se trató de un caso de gatillo fácil, razón por la que pidió a la jueza Graciela Eustachio el procesamiento con prisión de tres de los seis uniformados que venían siendo indagados.

El dictamen del fiscal, que fue presentado a la magistrada el martes 22, casi al filo de la Feria Judicial, pide imputar como autor del homicidio a uno de los efectivos mientras que a los otros dos los acusa por la figura de encubrimiento, informaron fuentes vinculadas a la investigación que consultó El Observador.

En la madrugada del Día del Padre, el domingo 12 de julio, a Rúben Martínez Mieres lo mató una bala que le entró por la espalda en el barrio Peñarol. Un grupo de policías lo perseguía y le disparaba por ser el sospechoso del robo a un carrito de chorizos ubicado en Aparicio Saravia y Coronel Raíz, a pesar de que estaba desarmado.

El homicidio de Martínez Mieres (que tenía un antecedente penal en la Ciudad de la Costa) dio lugar a una investigación a cargo de la jueza Eustachio y el fiscal Reyes, que ese mismo día indagaron a los cuatro policías que participaron directamente en la persecución del hombre. Tras tomarles declaración durante casi todo el domingo 12 de julio, la jueza dispuso la libertad de los efectivos pero dejó el caso abierto en carácter de presumario a la espera de seguir recolectando pruebas.
Baleado y golpeado

Tras liberar a los policías, la jueza comenzó recibir elementos sobre lo ocurrido. Una prueba clave fue un audio grabado desde el sistema de vigilancia de uno de los patrulleros que intervino en la detención de Martínez Mieres, informó en su momento La Diaria. Si bien no hay filmación del episodio, el sistema Tetra, que está incorporado en los móviles policiales, cuenta con GPS y con un micrófono que graba sonidos dentro y fuera del vehículo, lo que registró los diálogos entre los funcionarios.

Las pruebas reunidas durante más de dos meses de investigación y las contradicciones constatadas llevaron a que el 25 de setiembre la jueza realizara un careo entre los policías indagados. Además de contradicciones entre los efectivos, la indagatoria detectó diversas irregularidades. Varias de esas circunstancias tomaron estado público el 31 de julio, cuando el semanario Brecha publicó un informe sobre el homicidio de Martínez Mieres.

Antes, el 20 de julio, el padre del fallecido denunció en Montevideo Portal que su hijo, además de baleado, fue salvajemente golpeado ya que el cuerpo tenía varios huesos fracturados, pasto en la boca y en la nariz, y la oreja izquierda desprendida.

Otro elemento llamativo es que el cadáver de Martínez Mieres fue ingresado a la Morgue Judicial con otro nombre, lo que durante varias horas dificultó a su familia saber lo que había ocurrido con el joven. Eso motivó que el 13 de julio desde la seccional 8ª se enviara una nota al Instituto Técnico Forense pidiendo establecer la correcta identidad del fallecido.
La familia reclama US$ 200 mil al Ministerio del Interior

La familia de Rúben Martínez Mieres inició el proceso judicial para reclamar una indemnización al Ministerio del Interior por el homicidio del joven de 25 años. El mes pasado, con el asesoramiento del abogado Julio Moro, la viuda, los hijos, los padres y los hermanos del fallecido celebraron una audiencia conciliatoria con la secretaría de Estado donde no se logró un acuerdo razón por la que los reclamantes presentarán una demanda por US$ 200 mil contra el Ministerio del Interior. En marzo de 2014, la secretaría de Estado logró un acuerdo conciliatorio con la familia de Sergio Lemos, un joven de 19 años asesinado por un policía en el barrio Santa Catalina en noviembre de 2013. En ese caso el Estado pagó una indemnización de US$ 170 mil.