Niegan extradición a Bolivia de uruguayo que estuvo preso acusado por Evo Morales de sublevación y terrorismo

El tribunal de Apelaciones rechazó el pedido de extradición del gobierno de Bolivia para el ciudadano boliviano-uruguayo Alejandro Melgar, preso en Cárcel Central desde el 23 de abril de 2012, y acusado por Evo Morales de un intento de sublevación y terrorismo.

El caso de Melgar, que en mayo de este año dio una entrevista exclusiva al diario El País, se convirtió en la extradición más larga de la historia del país. Había apelado el fallo de la jueza Adriana De los Santos, que había concedido su extradición. Ahora, con el fallo del Tribunal de Apelaciones confirmado a El País por el juez Rolando Vomero, Melgar deberá ser juzgado en Uruguay.

Melgar afirma que es un perseguido político y que todo lo que basa su acusación se trató de un montaje gubernamental para descabezar a la oposición cruceña. El caso lleva seis años en Bolivia y ha tenido infinidad de vueltas de tuerca. "Soy otra víctima de un elefante artrítico, pesado y lento de una obsoleta burocracia", dijo Melgar en mayo. Tiene 46 años y dos hijos adolescentes. Es abogado y profesor de Derecho Constitucional, dueño de un extenso currículum académico.

Se define como "secuestrado" por el sistema judicial uruguayo y un "perseguido político" del Estado Plurinacional de Bolivia, que a su vez lo reclamaba para juzgarlo por integrar una célula terrorista que preparaba el alzamiento armado de Santa Cruz y organizaba una milicia para derrocar al gobierno de Evo Morales. Melgar es una pieza clave (él afirma que involuntariamente) de una compleja trama que comenzó hace seis años y sigue una línea argumental cinematográfica. Incluye acusaciones cruzadas de todo tipo: actos terroristas con fines separatistas, corrupción política y judicial, persecución a opositores, denuncias de torturas, jueces y fiscales exiliados, militares que escapan del país, un arsenal de dudosa procedencia y hasta una ley hecha a la medida del caso.

De los Santos, a sugerencia del fiscal Juan Gómez, consideró que el pedido de extradición cumple con todas las formalidades que exigen los tratados internacionales y bilaterales, y que no le correspondía juzgar el fondo del asunto. No obstante, la magistrada estampó una sugerente frase en su fallo: "Es de esperar que la justicia boliviana brinde a Melgar todas las garantías necesarias para un proceso justo, donde pueda ejercer plenamente su derecho de defensa".

En la apelación, los abogados del detenido, Miguel Langón y Luciana Echeveste, hicieron pie en dicha frase para fustigar el proceso judicial. Se calificó la "expectativa" de la jueza como "improcedente" porque "lo que requerimos es seguridad de que se brinden todas las garantías, no la mera esperanza de una juez que no podrá ya tener ningún rol ni injerencia sobre la suerte de Melgar, una vez entregado en manos de quienes solo se espera que cumplan con la ley, en un giro que por cierto sugiere que en el ánimo de la digna sentenciante hay sospechas de que las cosas puedan ocurrir de forma diferente a la que ingenuamente espera". Para la defensa, Melgar es un perseguido político "no hay duda" de que sus derechos serán vulnerados en Bolivia. El tribunal de Apelaciones aceptó que Melgar no debe ser extraditado y ahora será juzgado en Uruguay, tal como lo reclamó su defensa.

En la madrugada del 24 de setiembre de 2009, un operativo militar se desplegó en el Hotel América en Santa Cruz y ultimó al boliviano-húngaro Eduardo Rozsa Flores, al rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Martín Dwyer. También detuvo al boliviano-croata Mario Tadic Astorga y al húngaro Elod Toaso. El gobierno boliviano los identificó como integrantes de una célula que llegó a Santa Cruz para organizar una milicia que se alzara contra Evo Morales. Los "mercenarios" estaban alojados en ese hotel bajo su nombre real, y allí mismo también estaban hospedados militares venezolanos. Según la acusación del gobierno boliviano, a la que accedió El País, a Melgar se lo identifica como el contacto en Santa Cruz de Rozsa Flores, el cabecilla del grupo terrorista, quien antes de llegar a Bolivia habría admitido que su misión sería organizar una "defensa" de Santa Cruz. Según la acusación, Melgar trasladó a los "mercenarios" cuando llegaron al país desde Hungría.

"Era el encargado de proporcionar el dinero de los financiadores, para la manutención del grupo; proporcionó los boletos de todos los integrantes del grupo que llegaron al exterior bajo un supuesto convenio con la empresa Aerosur, además conocía a las personas que proporcionaban tanto el armamento como el financiamiento", afirma el escrito. Sostiene que mantenía las comunicaciones a través de correos encriptados y que respondía al nombre de "Lucas" dentro de la organización. Melgar niega todo. Dice que nunca pagó pasajes y adjuntó en el expediente una nota de la empresa Aerosur que parece confirmar lo que asegura.

Afirma que "plantaron" en sus computadoras los correos encriptados y que en la noche del operativo llegaron militares hasta su casa, donde estaban su mujer e hijos. Melgar se encontraba esa noche fuera de Bolivia, representando a su país en una competencia de tiro. Nunca volvió.

Se radicó en Uruguay y realizó una vida normal durante tres años, hasta que el 23 de abril de 2012 fue detenido por Interpol en el Aeropuerto Internacional de Carrasco cuando pretendía viajar a Brasil (ya había salido del país anteriormente). Según la defensa del detenido, su detención fue "ilegal" porque no había orden de captura internacional. Exhibe un documento en ese sentido emitido por la sede de Interpol en París. De los Santos, en cambio, entiende que Interpol actuó a partir de un requerimiento recibido desde Bolivia que cumplía todas las formalidades del caso.

Quien investigó desde el comienzo los hechos en la causa denominada "Terrorismo I" e hizo la petición de extradición de Melgar fue el fiscal Marcelo Sosa Álvarez. El 11 de marzo de 2014, el fiscal se convirtió en el boliviano 747 en pedir asilo político a Brasil, y le fue concedido. En una carta titulada "Al pueblo de Bolivia", el fiscal dijo que tomó la decisión porque temía por su vida, que era víctima de "una verdadera persecución política" y puso en tela de juicio la investigación por terrorismo.

"Autoridades del gobierno me pidieron en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos, a lo que siempre me opuse. También me pedían que incluyera en mi investigación a líderes cruceños sobre los que no tenía ninguna prueba... Me pedían que colaborara con sus fines políticos para lograr ciertos resultados. Esas acciones fueron las que consiguieron que se desnaturalizara la investigación. Actualmente soy perseguido por varios juicios injustos, todos por el único hecho de haber dirigido la investigación penal del caso de terrorismo". Cuando se asiló en Brasil, el fiscal era investigado por pedir millonarios sobornos a detenidos. También está asilado en Brasil quien fuera el juez natural de la causa, Luis Hernando Tapia Pachi.

La Corte Suprema de Santa Cruz lo ratificó como juez del caso, pero fue desplazado en su momento por un decreto del presidente a favor de que asumiera jurisdicción un juzgado de La Paz. La defensa de Melgar considera que su pedido de extradición carece de legitimidad porque fue ordenado por una autoridad declarada incompetente. La jueza, en cambio, señala que en una extradición "lo único que debe valorarse es la legitimidad formal del pedido, puesto que toda otra consideración acerca del fondo, es absolutamente violatoria del principio de competencia de las autoridades requirentes". Los dos detenidos en el hotel América recuperaron la libertad este año y retornaron a sus países. Tras seis años de detención se declararon culpables y revocaron sus alegatos iniciales en los que defendían su inocencia. Se acogieron a una ley que abrevia juicios y establece penas que no superan los cinco años. Desde el diario El Deber de Bolivia se dijo que esta ley permitió revivir un proceso que estaba estancado y ponía en tela de juicio la hipótesis del gobierno. Con la confesión de los detenidos, las autoridades salieron fortalecidas.

No obstante, semanas atrás el coronel boliviano Germán Cardona, que pidió asilo político en España, afirmó que el arsenal que el gobierno adjudicó a los separatistas, en realidad estaba bajo su custodia y era propiedad del Ejército. "Ya no aguanto más la persecución del Gobierno. Me veo obligado a salir a España en busca de refugio, soy el primer militar de Bolivia que se va", escribió en una carta. Afirmó que las armas estaban bajo su tutela en un regimiento.