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CAUSA ABIERTA

Intendencia de Montevideo desmiente al chofer de Uber multado

Intendencia de Montevideo desmiente al chofer de Uber multado

La Intendencia de Montevideo (IM) desmintió en un comunicado las declaraciones del chofer de Uber que en la jornada de este lunes acusó al encargado de Servicios de Transporte Público, Carlos Moretto, de ofrecerle "firmarle atrás" la multa para que pueda levantar la matrícula que le había sido retirada.

Según sus declaraciones a Radio Carve, Moretto fue "con un inspector" a "patotearme a mi casa y me cambiaron la multa, sin mi consentimiento y sin decirme".

En el comunicado, la IM asegura que la información es "errónea o falsa" y defiende que la administración actuó "seriamente, sujeta a derecho, en el marco garantista".

Comunicado completo:

Ante denuncia pública de chofer de Uber se señala

Es errónea o falsa la información de trascendidos de prensa que el Encargado del Servicio de Transporte Público, Pablo Moretto, hubiera participado en algún hecho vinculado al episodio, ya que todas las acciones de fiscalización han sido llevadas a cabo por parte del personal de la División de Tránsito, sin participación alguna de la División Transporte.

El procedimiento se ajusta al estado de derecho y cumple el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y sancionar ante su incumplimiento. Se encontró al conductor realizando un transporte remunerado sin vehículo autorizado a tales efectos.

Existió información no coincidente entre lo transmitido por el pasajero, según lo que mostraba la aplicación, y el vehículo. Si bien la fotografía del conductor era la misma, la matrícula del auto no era la que indicaba dicha aplicación.

Al confeccionar el acta se le advierte que está prestando declaración ante funcionario público y que, por tanto, es de aplicación lo establecido en el artículo 239 del Código Penal, lo cual en ningún caso puede tomarse como un hecho extorsivo sino como la puesta en conocimiento respecto de la normativa aplicable en caso de prestar falsa declaración.

En conclusión, la administración ha actuado seriamente, sujeta a derecho, en un marco garantista.

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