Sindicato del Inau en pie de guerra contra el gobierno; la directora con férrea custodia policial

El líder del sindicato del INAU, José Lorenzo López, procesado el viernes junto a otros 25 funcionarios por los incidentes en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), acusó ayer a la directora del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, de estar detrás de una "operación política" en su contra junto a los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior.

López encabezó una asamblea de funcionarios agremiados en el Sindicato Único del INAU (Suinau), que duró más de cuatro horas y que aprobó una huelga desde anoche mismo, además de cuestionar el fallo del juez Gustavo Iribarren y a la fiscal Adriana Umpiérrez. La huelga abarca los centros de reclusión de menores SER, Ceprili y el Centro de Ingreso, Estudio Diagnóstico y Derivación (Ciedd).

Carlos Salaberry, secretario general del Suinau, dijo a El País que "estos lugares son los que están intervenidos por la Guardia Metropolitana y donde simbólicamente haremos una entrega de llaves para que la institución se haga cargo de los servicios, no vamos a volver hasta que no se den garantías mínimas en el aspecto de la seguridad física y en el aspecto de la seguridad jurídica a partir de lo que fue el fallo de la Justicia".

Salaberry informó que en la asamblea se decidió la instalación de una carpa sindical detrás del Ceprili, como forma de protesta, que será levantada el jueves 27. Ese día habrá un paro a nivel nacional de 24 horas de los funcionarios del INAU, "donde sesionará el plenario nacional de delegados", indicó.

También, como forma de protesta, habrá una movilización de los sindicalistas que irá hasta la sede del Sirpa, donde reclamarán la renuncia a su directora, Gabriela Fulco. En este sentido, el secretario general del sindicato aseguró que "la causante directa de todo el caos que existe institucionalmente es Fulco, por esto mismo reclamamos su remoción".

Por su parte, López, secretario general de COFE y hasta el viernes vipresidente del Pit-Cnt, lanzó un duro cuestionamiento a la Justicia aduciendo que su procesamiento es "un operativo político" por el peso como sindicalista.
Contra la fiscal.

López comenzó hablando de la fiscal del caso, Adriana Umpiérrez, quien hizo el pedido de procesamiento con prisión para todos los involucrados por el delito de tortura. Allí, el sindicalista afirmó que "el pedido de procesamiento de la fiscal se basa en una ley que establece que hay algunos delitos que están simplificados en la tortura para el genocidio, el terrorismo de Estado y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por esa ley es que 26 compañeros fueron procesados. Nosotros la verdad que no hemos conseguido, a no ser la fiscal, y el juez por ahora, alguien que entienda que esto tiene algún tipo de contrafuerte. Ninguno de los abogados defensores entiende la carátula por la cual se esté juzgando con esta ley".

En este sentido, López aseguró que "la experiencia que hemos tenido hasta ahora, por citaciones aún más graves de las que se han visto en ese video, no han terminado con ningún compañero procesado por un delito de tortura, sino más bien por abuso de funciones o alguna otra tipificación".

El líder del sindicato del INAU siguió cuestionando en la misma línea al juez Umpiérrez: "lo que hoy nosotros veníamos diciendo, cada vez lo reafirmamos más, y en lo personal nos genera una gran responsabilidad, nos sentimos muy culpables de todo lo que está pasando, porque acá hay un operativo político a todas luces y que cada vez se acentúa más".

López también hizo referencia a que "es tan burdo el pedido de procesamiento de la fiscal que en el caso de nuestra compañera Paula, se le pedía el procesamiento con prisión por torturas, por haber llamado al sindicato y haber entregado las llaves en el medio del módulo. Eso es lo que está escrito en el pedido de procesamiento, y el juez dándose cuenta de que eso era una situación absolutamente insostenible, lo que hizo fue sacar a la compañera y meter a otros dos compañeros con prisión".
Fulco y el video.

López también cargó municiones contra la dirección del Sirpa, especialmente contra Gabriela Fulco, la directiva, aduciendo que fue ella quien pasó el video que se difundió con las golpizas en el centro carcelario a los medios de comunicación. "Esto empezó con una situación que se dio el 24 de julio (el día de la golpiza), 11 días después de esa situación, y en el medio de una movilización de nuestro sindicato se hace público ese video. Ayer se decía durante la interpelación a la ministra de Desarrollo Social (Marina Arismendi) que la única que tenía el video era la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, y bajo llave. Pero se filtró cuando se lo entregó al Poder Judicial. ¡Esto es una reverenda mentira!", sentenció gritando López ante decenas de funcionarios en la asamblea.
"Buscan mi cabeza".

López aseguró que "la denuncia al Poder Judicial entró después de las 13:30 horas y nosotros cuando terminamos las movilizaciones (ese día se movilizó COFE por el presupuesto) a eso de las 13:00, 13:15 más o menos, el video ya estaba editado y lo estaban pasando editado en todos los canales. Entonces cada vez queda más claro de quién es la responsabilidad", afirmó, en alusión a Fulco.

El sindicalista también habló de "la alarma pública" que generó la situación que en su momento fue puesta sobre la mesa en la Justicia.

"Uno de los elementos que se ha tenido en cuenta, fue éste. ¿Pero quién generó la alarma pública? ¿Fuimos nosotros los que difundimos el video?", preguntó López y fue por más teorías conspirativas: "Cada vez queda más claro que todo esto es un operativo político montado por los servicios de inteligencia del propio Ministerio del Interior. Esto tiene un claro móvil político, que no es porque sea más importante que nadie, sino que ese móvil político evidentemente busca mi cabeza y lamentablemente todas estas cosas que han sucedido tienen una directa y clara relación con buscar de alguna manera una responsabilidad".
El dictamen.

Durante su alocución, López aseguró que el viernes mientras estaban en el juzgado esperando el dictamen del juez, "nos hicieron esperar unas tres o cuatro horas, se nos cayó el mundo encima a nosotros, imagínense a los compañeros que están procesados con prisión".

Dos segundos después López siguió con una reflexión a quienes lo escuchaban atentamente: "Tenemos un compañero que ayer le dio un infarto por todo esto (que según constató El País se encuentra internado en Casa de Galicia, con grilletes en sus pies atados a la camilla) y otro que está atravesando una difícil enfermedad". Aquí el sindicalista no puede seguir hablando, se le quiebra la voz y se puso a llorar en medio de aplausos de sus compañeros.
COFE reafirmó su apoyo a Joselo y no aceptó renuncia.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) renovó ayer su apoyó al sindicato del INAU luego de que el viernes se conociera el fallo de la Justicia que procesó a 26 funcionarios, 17 de ellos con prisión.

El presidente de COFE, Pablo Cabrera, dijo que José Lorenzo López, secretario general de este sindicato, presentó renuncia a la vicepresidencia del Pit-Cnt "antes de saber el laudo de la Justicia, lo hizo en el entendido de las políticas sindicales macro y porque era un momento para tomar cierto grado de distancia".

Cabrera también indicó que el hecho de la renuncia no lo hace ajeno a "su lugar de trabajo y a sus compañeros". En el mismo sentido aseguró que "cuando más hay que quedarse es cuando pasan estas cosas, como las que le pasaron al compañero (por López), no te podés ir".

Consultado sobre la renuncia a la secretaría general de COFE, señaló que "de ninguna manera se la vamos a aceptar, al contrario, lo vamos a seguir apoyando en todo sentido". Cabrera también se refirió a las condiciones laborales de los trabajadores que "siempre están esperando el diálogo con el Estado" para poder mejorar las condiciones actuales. El sindicalista dijo que "hay que ver cuáles son las condiciones en las que trabajan los funcionarios del INAU".