Suprema Corte pedirá a Vázquez aplazar cambios en el sistema judicial

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Fiscalía de Corte plantearán al gobierno aplicar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) primero en Montevideo y Canelones y luego en forma gradual en el resto del país como forma de organizar mejor la implementación y alivianar su peso presupuestal.

El nuevo CPP, que entrará en vigencia en febrero de 2017, implanta un sistema procesal oral, público y acusatorio (donde la tarea de dirigir las investigaciones quedará en manos de los fiscales) con lo que se busca agilizar el trámite de los juicios.

Desde hace varios meses la SCJ y la Fiscalía de Corte trabajan en tres comisiones que analizan la mejor forma de poner en marcha el futuro CPP. Las partes llegaron a la conclusión de que lo más conveniente es que el nuevo sistema se empiece a aplicar primero en Montevideo y Canelones porque es donde "hay más recursos y el impacto sería mejor", explicó a El Observador el ministro del máximo organismo judicial, Ricardo Pérez Manrique.

El magistrado informó que en función de esa definición, la SCJ pidió el miércoles una reunión al presidente Tabaré Vázquez con el objetivo de plantearle la postura del Poder Judicial y de la Fiscalía de Corte respecto la implementación gradual del nuevo CPP que fue aprobado por el Parlamento en setiembre del año pasado luego de casi cuatro años de análisis.

Para comenzar a aplicar el sistema procesal en forma gradual se requiere una ley que así lo disponga, razón por la que es vital el respaldo del gobierno y del sistema político en general.
Prisión: criterio único

La idea de aplicar el nuevo sistema por etapas había generado en su momento advertencias de inconstitucionalidad ya que el próximo CPP también acota los casos donde se puede disponer la prisión preventiva (que podrá usarse en casos graves y situaciones especiales) por lo que se generaría una situación de desigualdad ya que una persona que cometa un delito en un departamento sí podría ser enviada a la cárcel y otro individuo imputado en otro lugar no.

Para salvar ese escollo, la SCJ y la Fiscalía de Corte acordaron que de aceptarse la aplicación gradual del CPP el modelo procesal oral, público y acusatorio se aplicará en principio solo en Montevideo y Canelones pero los criterios referidos a la prisión preventiva, la libertad anticipada y la excarcelación provisional serán los que plantea la nueva regulación desde el comienzo en todo el país, explicó Pérez Manrique,

"En principio, la Corte y la Fiscalía de Corte estuvimos de acuerdo en que con eso se superarían las objeciones de inconstitucionalidad", dijo a El Observador el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

El responsable del Ministerio Público y Fiscal, que originalmente se había pronunciado en contra de la aplicación gradual del CPP, remarcó de todos modos que "la última palabra" al respecto la tendrá el Parlamento ya que se requeriría una ley.
Costo de US$ 40 millones

La aplicación del nuevo Código del Proceso Penal implicará una importante inversión de parte del Estado. Estimaciones iniciales indican será necesario disponer de unos US$ 40 millones.