El Congreso brasileño estudia prohibir el uso de las máscaras en el país del Carnaval

El Congreso de Brasil estudia un proyecto de ley que propone prohibir el uso de máscaras en todo evento de masas, lo que afectaría incluso al Carnaval, dijo hoy el impulsor de la propuesta, el diputado Marcelo Ortiz. "El proyecto de ley no impide que la gente se disfrace, sino que, por motivos de seguridad, obliga a quitarse la máscara para mostrar quién es", dijo hoy a Efe el diputado. Ortiz explicó que el motivo de la propuesta es "garantizar la seguridad" e impedir que personas violentas se sirvan de máscaras o de cualquier accesorio que cubra el rostro para cometer actos de vandalismo en eventos públicos.
"La persona tiene que identificarse, porque podría cometer un delito y con el rostro tapado sería difícil reconocerla", agregó el parlamentario del Partido Verde (PV). El legislador consideró que la prohibición del uso de máscaras podría contribuir a la "prevención" de la violencia, porque de este modo las autoridades podrían identificar y detener a los responsables de actos de violencia en grandes manifestaciones.
Según el proyecto de ley, la persona que use capuchas, gorro, máscara o un disfraz que oculte la cara durante actos políticos o sociales, podrá ser, además de multado, detenido de uno a seis meses.
Ortiz argumentó que "la garantía" de lo colectivo tiene que "sobreponerse" al derecho individual de libre manifestación para proteger a las personas de posibles agresiones y recordó que la Constitución brasileña "veta el anonimato".
La medida afectaría principalmente al Carnaval, la fiesta más importante y popular de Brasil, que se celebra a lo largo y ancho del país y en la que las máscaras son un elemento esencial en los disfraces.
También tendría su efecto en los mítines de los partidos políticos, en algunos de los cuales los propios partidos ofrecen a sus partidarios máscaras de los candidatos, según relató el diputado.
Ortiz explicó que el proyecto, presentado el pasado mayo, está en análisis en la comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado, lo que supone el primer paso hacia su aprobación en plenario de la Cámara de Diputados.