La Justicia militar se hará cargo de los corruptos en la Marina de Guerra de Uruguay

El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, remitió ayer a la Justicia Militar varios expedientes de las investigaciones de irregularidades en la Armada, entre los que figuran el del capitán de navío procesado con prisión por vales de nafta, el de las lanchas de Haití y el del uso indebido de fondos ONU. Tras reunirse en forma breve con el Ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y por un lapso más prolongado con sus asesores letrados en el despacho del secretario de Estado, el presidente del Supremo Tribunal Militar, general (r) Julio Halty, se retiró a las 18 horas con varias carpetas voluminosas, relativas a algunas de las investigaciones en curso por las irregularidades detectadas en la Armada. Halty declaró a Ultimas Noticias que el motivo de la reunión "fue empezar a entregar a la Justicia Militar elementos que fueron indagados oportunamente, sobre todo investigaciones que empezaron el año pasado, cuando el ministro era Bayardi". Por su parte, Rosadilla dijo en rueda de prensa a la salida de la sede del Partido Independiente que la reunión fue "a los efectos de trasladarle (a la Justicia Militar) una serie de investigaciones administrativas y algunas de urgencias que también están culminadas". "Entendemos que allí se pueden encontrar delitos específicos", señaló el secretario de Estado y aclaró que envió dos carpetas.
Halty precisó que "el único caso actual es el de Bacqué". El capitán de navío Álvaro Bacqué fue procesado con prisión el pasado 6 de agosto por un delito de "fraude", por quedarse con vales de nafta por valor de $7 millones y tener ocultos otros $2 millones en su oficina. La maniobra se realizó entre abril y mayo de 2010.
Sin embargo, no están ni el famoso caso de las "compras fantasma" de una grúa ni un banco de prueba de motores, ya que el expediente está aún en proceso en la Justicia ordinaria.
El titular de la Justicia Militar aclaró que se indagará "si eventualmente existe o no la comisión de algún delito militar", en tanto Rosadilla afirmó que "cuando uno pone las cosas en manos de la Justicia, es la Justicia la que determina, nosotros sólo le damos la noticia de lo que hemos encontrado en la Justicia administrativa".
Halty anunció que hoy llevará a su oficina los expedientes "para estudiarlos y verlos con los jueces". El general (r) explicó que la Justicia castrense tiene dos jueces de instrucción y que de acuerdo a la fecha en que se produjeron los hechos "actúa uno, otro o los dos". Estos magistrados son quienes estudian a fondo los expedientes, hacen las investigaciones del caso, los interrogatorios y las consultas a la Justicia Civil que crean convenientes. Luego se da pase a la Fiscalía Militar, que depende directamente del ministro de Defensa, para que formule la acusación.
En una segunda etapa, el expediente se eleva a uno de los dos jueces de Instancia, que son quienes en definitiva establecen si existió delito y qué pena corresponde aplicar.
Consultado sobre el tiempo que insumirá la investigación, Halty dijo que "depende de cada caso", pero que dada la gravedad del tema "voy a hablar con los jueces y vamos a tratar de cumplir con todas las diligencias en los plazos mínimos en cada instancia", aunque reconoció que el proceso "va a llevar meses".
Respecto al procedimiento, apuntó que puede haber personas citadas en calidad de testigos o de indagados, que comparecen con su abogado particular o de oficio, asignado por la Justicia Militar, y no descartó que pueda citarse al ex comandante Oscar Debali.
El magistrado señaló que si se determina que se configuró un delito militar y este no tiene conexión con un delito común, se cumple con la pena impuesta por la Justicia castrense y el fallo se publica en el boletín del Ministerio de Defensa. "Pero en el caso que los delitos militares sean provocados por la comisión de un delito penal, el expediente se devuelve a la Justicia ordinaria", aclaró Halty.
Halty dijo a Ultimas Noticias que "es un procedimiento normal en casos como estos" el pasar los antecedentes de la Justicia Civil a la Militar y explicó que el Código Penal Militar prevé delitos como "omisión en el servicio" y "desobediencia". Pero aclaró que lo que prevalece "es la pena mayor" de ambas esferas judiciales. El máximo de pena en la Justicia Militar es de 8 años de penitenciaría y la reclusión se cumple en una unidad militar, siempre y cuando el implicado haya cumplido solo un delito militar y no un delito penal.
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, recibió ayer el resultado de una investigación administrativa sobre las "compras fantasmas" de un banco de prueba de motores y una grúa en la Armada Nacional. Según dijo en rueda de prensa antes de retirarse de la sede del Partido Independiente, en donde estuvo reunido con representantes de esa colectividad política, se trata de un informe de 400 páginas que recibió ayer y no pudo estudiar aún. "Media hora antes de venirme para acá lo miré y sólo leí el copete y el final y tengo que correr a leer el resto", añadió.
Un tribunal de honor fue pedido ayer por el ministro de Defensa Luis Rosadilla para un oficial que se encuentra bajo su mando, según explicó al ser consultado por Ultimas Noticias.
El Tribunal de Honor fue solicitado para el capitán de navío Álvaro Bacqué, quien fue procesado días atrás por el delito de fraude, como consecuencia de una millonaria maniobra con vales de nafta y fondos presupuestales que realizó desde el casco central del Ministerio de Defensa. En tanto, "los demás tribunales de honor lo disponen los almirantes que en sus cargos se sientan ofendidos en su honor", explicó.
Ordenaron a Viglietti colaborar con la Justicia
La primera instrucción que le dio el ministro Luis Rosadilla al encargado de despacho del Comando de la Armada, Hugo Viglietti, fue que se mantuvieran las 24 horas a disposición para colaborar con la Justicia. Además le ordenó que lo mantuviera al tanto de cada uno de los pedidos que hiciera la magistrada Graciela Gatti, tal como lo hizo su antecesor, el ex comandante en jefe de la Armada, Óscar Debali.
Son inminentes cuatro procesamientos
La fiscal especializada en Crimen Organizado, Mónica Ferrero, retiró ayer de la sede penal a cargo de la jueza Graciela Gatti el expediente que indaga las "compras fantasmas" de una grúa y un banco de prueba de motores en 2008.
Fuentes del caso confirmaron a Ultimas Noticias que Ferrero ya tiene armado el esquema de eventuales responsables de las maniobras, respecto a las cuales se busca determinar el destino de los U$S 600.000 de esas compras.
En los corrillos judiciales se comenta que solicitará al menos cuatro procesamientos de marinos, pero que entre ellos no estaría incluido el ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio.
El lunes, la jueza y la fiscal sometieron a careos a los oficiales implicados, que mantuvieron sus declaraciones iniciales contradictorias entre sí.
Fernández Maggio ratificó haber sido "burlado" por los oficiales, mientras el capitán de navío Gerardo Feble reiteró que todas los mandos y jerarquías de la Armada estaban en conocimiento de las maniobras. Además, el capitán de navío Gustavo Mochetti (ex responsable del Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada) manifestó haber recibido una orden verbal de Damonte y un fax desde el Servicio de Aprovisionamiento (Serap) de la Armada para efectuar el pago por la compra del banco de prueba, mientras que el capitán de navío Danilo Damonte (ex jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Naval) afirmó actuar bajo órdenes impartidas por sus mandos y negó haberse beneficiado con la maniobra.