Sarkozy se calza la placa de sheriff y su popularidad crece un poco

La popularidad del presidente francés Nicolas Sarkozy aumentó tras anunciar una serie de duras medidas contra el crimen y la inmigración ilegal, pero más de la mitad de los votantes dicen que no está abordando los problemas del país. Una encuesta publicada el sábado por el diario Le Parisien mostró que el porcentaje de franceses que confían en Sarkozy subió a un 34 por ciento a principios de agosto, dos puntos porcentuales más que en la encuesta del mes anterior.
No obstante, el 61 por ciento de los votantes dicen que no confían en el líder conservador de 55 años, que se prevé que se presente para un segundo mandato en 2012 pese a las encuestas.
El primer ministro, François Fillon, considerado un posible rival de Sarkozy en el partido UMP, tuvo un resultado ligeramente mejor: un 40% dijo que confiaba en él frente a un 54 por ciento que no. Fillon podría ser sustituido en una remodelación de Gobierno que el presidente ha anunciado para octubre.
La encuesta telefónica a 1.002 personas fue realizada el 4 y 5 de agosto, una semana después de que Sarkozy anunciara su plan de mejorar la seguridad durante una visita a la ciudad de Grenoble, en el sureste del país, escena de disturbios a mediados de julio a raíz de la muerte de un hombre de origen árabe que huía de la policía.
Una encuesta publicada el jueves mostró que los franceses apoyan mayoritariamente las nuevas medidas propuestas por Sarkozy, cuyo padre era húngaro y su madre francesa de origen greco-judío.
Los partidos de la oposición, grupos de derechos humanos y sindicatos anunciaron esta semana que protagonizarían grandes manifestaciones en toda Francia el 4 de septiembre para protestar contra las medidas, que consideran xenófobas.
Sus opositores dicen que son pasos populistas cuyo objetivo es desviar la atención de una serie de recientes reveses para el Gobierno, que se ha visto sacudido por acusaciones de donaciones ilegales por parte de la heredera de L'Oreal Liliane Bettencourt además de los disturbios el mes pasado en dos ciudades.
El ministro de Trabajo, Eric Woerth, el hombre en el centro de la polémica, ha negado encarecidamente haber actuado mal.
El viernes decenas de policías desmantelaron un campamento ilegal de 135 gitanos en la ciudad de Saint-Etienne, dándoles un ultimátum para abandonar el país.
Fue la primera expulsión destacada desde que el Gobierno lanzó un plan a finales de julio para desmantelar 300 campamentos ilegales de gitanos, que dicen que están vinculados al crimen, la prostitución y el tráfico de drogas.