Philip Morris tiene acorralado a Uruguay

La tabacalera Philip Morris podría iniciar un juicio al Estado uruguayo aduciendo que éste incumple un tratado de protección de inversiones que Uruguay firmó con Suiza en 1988 y que entró en vigor en 1991. El punto de discusión se centra en algunas medidas que el gobierno lleva adelante para combatir el consumo de tabaco. El abogado especialista en Derecho Procesal, Santiago Pereira, explicó a Observa que lo que está en discusión es el cambio “en las reglas de juego” que plantea el gobierno en algunas prohibiciones referentes a que una misma marca de tabaco pueda comercializar variantes como Ligth, Blue o Gold, entre otras. Otro de los puntos de controversia es el tamaño de las advertencias que muestran las cajas de cigarrillos y los lugares donde éstos se venden, lo que aminora la visibilidad de la marca. “No están en controversia las medidas como la prohibición de fumar en lugares públicos, sino que (Philip Morris) lo enfoca por el lado del Derecho de Propiedad y el cambio en las reglas de juego”, indicó.
Si bien el gobierno tenía previsto firmar este lunes el decreto que establece la reducción del 80% al 65% las figuras de advertencia que aparecen en las cajas de cigarrillos, el mismo fue dejado en suspenso. El fin de semana el ex presidente Tabaré Vázquez criticó duramente eventuales medidas del gobierno de José Mujica que flexibilizaran la lucha antitabaco. El gobierno quería dar un mayor rango jurídico a la ordenanza Nº466 que es la que regula el tamaño de esas imágenes y la presentación del producto para su comercialización. Ante esta situación el Estado tiene dos opciones: el gobierno puede realizar algunas modificaciones a esa normativa a efectos de llegar a una solución previa al arbitraje o mantener la postura e ir a juicio con la tabacalera.
El canciller Luis Almagro y el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, indicaron este lunes que la flexibilización en las normas tiene por objetivo buscar una mejor estrategia ante la demanda internacional. Por su parte, el presidente José Mujica dijo este martes que el gobierno consulta a analistas internacionales para determinar el camino a seguir. Según Pereira, sea cual sea el camino que el gobierno uruguayo adopte, debería ir preparándose para el arbitraje para que en caso de no llegar a un acuerdo, no tenga que “improvisar” sobre la marcha. “Esa no sería una buena estrategia procesal. Lo recomendable es el escenario de negociación y en caso de que éste no prospere, tener encaminado el proceso arbitral para tener margen de maniobra”, explicó el experto.
Pereira explicó que en caso de que Uruguay dé marcha atrás en su política antitabaco o en caso de que el gobierno pierda el juicio, eso será utilizado como un precedente por parte de la tabacalera en otros países que pretenden seguir los pasos de Uruguay. “Se puede generar una situación espejo a otros países que pretenden aplicar restricciones similares a las que se implementan en Uruguay sobre el consumo de tabaco. Con un resultado adverso, otros gobiernos pueden resolver no adoptar medidas tan drásticas contra las tabacaleras”, explicó. Para el especialista en Derecho Internacional Público, Edison González Lapeyre, Uruguay está en una “situación muy difícil entre la defensa de los principios y el respeto de lo que fue una prédica llevada adelante por el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez”. El especialista destacó que la lucha contra el tabaquismo “fue un punto fundamental” del gobierno anterior “que debe ser respetado”. Recomendó “ir a una instancia de negociación y agotar todas las etapas conciliatorias hasta entender que por ese lado no se puede llegar a un acuerdo”. González Lapeyre dijo a radio Sarandí que la posición del país “debe ser muy firme” en ese sentido porque se está hablando “de la salud y la vida de muchos uruguayos”. Agregó que en este terreno “Uruguay no puede dar un paso atrás”.
El canciller Almagro explicó que el tema aún no estaba cerrado y que será el propio presidente Mujica quien decida sobre los cambios propuestos.
La disconformidad manifestada por Vázquez puso un freno a los planes del gobierno de evitar un juicio y ahora se analizan las alternativas. Mujica manifestó este martes que un litigio de estas características le costaría millones de dólares al Estado.