Periodistas de Uruguay censurados por un demente..¿o no?

Un anormal llamado Juan Angel Fernández un día se puso a escribir un extenso informe en el cual se dio el lujo de evaluar a los periodistas uruguayos. Se sentó en su despacho de "asesor en materia de prensa" y sentenció "éstos son muy buenos, son confiables; éstos más o menos; a éstos otros no se les puede creer nada". "Causa Abierta" no conoce al susodicho y no tiene memoria de su supuesta carrera periodística. El individuo convertido en censor pudo padecer de una locura momentánea, no lo sabemos. Cuando la cosa se le puso espesa, salió a aclarar que ningún jerarca le había encomendado "la misión". "Causa Abierta" no sabe si salió a las apuradas para encubrir a sus supuestos mandantes o, por el contrario, en un ataque de divismo lo hizo por cuenta propia. Si es así se le recomienda concurrir de inmediato a un psiquiatra para ser atendido como corresponde. No hace falta chaleco de fuerza, con unas buenas pastillas es suficiente. Por otra parte, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) condenó la existencia de ese informe “reservado” del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que pretende orientar la relación de las autoridades de esa cartera con los periodistas y los medios “críticos”, y recomienda condicionar a esa valoración el otorgamiento de publicidad oficial. Asimismo el sindicato reclama el inicio de una investigación a fin de conocer si las autoridades del MGAP llevaron a la práctica las recomendaciones de su ex asesor Juan Ángel Fernández, y si se aplicó una política de premios y castigos a medios y periodistas en función de estos inaceptables criterios. Según publicó el semanario Búsqueda en su edición de este jueves, el ex jefe de Prensa del MGAP elaboró un informe reservado en julio de 2008 en el cual se plantean recomendaciones a los jerarcas de la cartera sobre el manejo cotidiano con la prensa, categoriza a los periodistas del área según su supuesta afinidad política o idoneidad profesional, realiza valoraciones sobre aspectos personales de los trabajadores de los medios y recomienda que se tengan en cuenta dichos criterios para el otorgamiento de la publicidad oficial a los medios de comunicación. Este tipo de prácticas recuerdan las utilizadas por la dictadura militar contra los periodistas y los medios, y reiteran la política de varios jerarcas de distintos gobiernos democráticos de manejar según su conveniencia la información y los dineros públicos, mediante el otorgamiento de la publicidad sin criterios técnicos y transparentes.
Asimismo, esto implica un cercenamiento de los derechos de la ciudadanía al acceso a la información pública, y de la libertad de prensa de los trabajadores de la comunicación “discriminados” según los arbitrarios criterios de las autoridades de turno. La APU promueve hace años –junto a otras organizaciones vinculadas a la comunicación– la aprobación de una ley que fije criterios técnicos, objetivos y transparentes para la adjudicación de la publicidad del Estado, así como un trato igualitario para medios y periodistas.