EEUU: corta vida a la ola racista

El movimiento antiimigrante proyectado por republicanos en Arizona podría extenderse a por lo menos diez entidades. Diversos analistas, políticos y juristas, sin embargo, consideran que no es una acción realmente sólida por carecer de base legal y más bien es definida por su oportunismo y estridencia pero de mecha corta, ya que sus fines son eminentemente electorales. Sus carburantes son la reconquista del poder perdido en el 2008 y los sentimientos nativistas con sustratos xenófobos. Consideran que esos sectores ultraconservadores se ausentarán del vigor a partir de la réplica legal de la Suprema Corte, que ya aborda un aspecto de esa ley estatal que contraviene preceptos federales. Además, figuran ya siete demandas, presentadas por organizaciones y del gobierno de Obama. México también impulsa una querella.
El Tribunal Supremo revisa el caso "Cámara de Comercio v. Candelaria", relacionado con sanciones impuestas por el "Acta de Trabajadores Legales de Arizona" (LAWA, en inglés), promulgada en 2007, e incorporada al la ley SB1070, que castiga a empresas que a sabiendas emplean a inmigrantes indocumentados.
La querella fue presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), en representación de diversas organizaciones comunitarias, bajo el argumento de que viola la Constitución, que establece que ninguna ley estatal está por encima de los ordenamientos federales.
"El fallo de la Suprema Corte será a favor del estatuto federal y constituirá un golpe demoledor contra las leyes absurdas de Arizona", asegura la abogada en inmigración Noemí Ramírez.
Hay consenso, dentro y fuera de Estados Unidos, para señalar que el principal antídoto a esta andanada conservadora lo poseen el presidente Obama y el Congreso: la aprobación de una reforma migratoria integral. Por eso, los líderes latinos han sido claros y enérgicos con el mandatario a quien han dicho que actúe con pragmatismo y que incursione en el ser interior del pueblo inmigrante indocumentado para que conozca sus aflicciones y heridas espirituales causadas por su falta de acción en tan ingente e impostergable demanda.
La exigencia latina y de los políticos liberales es que esa reforma se realice en este año y por eso la multiplicación de esfuerzos para tener los votos necesarios para aprobarla en el Senado y en la Cámara de Representantes. En este momento, como lo asegura el congresista Luis Gutiérrez, hay insuficiencia de apoyo de parlamentarios. La acción se concentra en persuadir a republicanos transigentes y a los demócratas que no quieren arriesgar su reelección adoptando una definición en un tema tan espinoso como este.
Ante la urgencia del caso, el presidente Obama ha reiterado sobre la necesidad de la reforma migratoria. El razonamiento de la dirigencia latina es que si la frontera ha alcanzado la mejor vigilancia de la historia –requisito republicano para respaldar esa modificación legal- , qué espera la administración federal para intensificar sus esfuerzos a fin de lograr la legalización de los 12 millones de indocumentados que se estima hay en el país.
Existe también la percepción entre abogados de inmigración, políticos y dirigentes que si es difícil en este momento lograr una reforma migratoria amplia, es mejor hacerla fraccionada empezando por el Dream Act, que legalizaría a los miles de estudiantes que terminen educación superior – y que goza con la simplatía de la mayor parte del pueblo estadounidense, según sondeos- y por el Ag Jobs, que beneficiaría a un millón de campesinos. El líder del sindicato campesino, Arturo Rodríguez, ha declarado a este reportero que hasta el 80 por ciento de los labriegos son indocumentados.
Más leyes racistas
Por lo pronto, se advierte un ascenso de los grupos republicanos que aplican la misma receta de ganar adeptos atizando a los indocumentados. En al menos 11 entidades se proyectan leyes antiinmigrantes similares a la de Arizona, según el Instituto para la Reforma de la Ley de Inmigración (IRLI), que participó en el diseño de la SB1070, que entrará en julio venidero.
En Missouri, Pennsylvania, Carolina del Sur y Minnesota, ya se han introducido iniciativas de ley, que tipifican como delito estatal el ser indocumentado. En La Florida, Colorado, Georgia, Maryland, Mississippi, Utah y Texas, legisladores republicanos han asegurado que introducirán propuestas con esa orientación cuando sus legislaturas inicien su periodo de sesiones, que en algunos casos hasta el 2011.
En varios de esos sitios se hace presente la asesoría de abogados del IRLI, como ha ocurrido también en la pequeña población de Fremont, Nebraska, que se supo de su existencia hace días cuando sus autoridades aprobaron unas disposiciones que impiden a caseros rentar vivienda y a empresarios contratar a indocumentados. En este caso, la organización ultraderechista Federation for Inmigrant Reform (FAIR) pagó cinco mil dólares a un jurista de IRLI para dieran luz sobre esta nueva legislación en esa comunidad de 25 mil habitantes, donde los latinos apenas son el 4.3 por ciento de la población.