38 años de cárcel para los asesinos que hicieron tambalear al gobierno de Guatemala

Cuatro de las ocho personas enjuiciadas como autores materiales del asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg fueron condenados a 38 de prisión por el Tribunal Penal de Guatemala. Los otro cuatro detenidos recibieron sentencias de ocho años de prisión por cargos de asociación ilícita, ya que no se pudo comprobar su participación directa en el crimen. Los ocho eran miembros de una banda que planeó, organizó y llevó a cabo el asesinato, que habría sido pagado por el propio Rosenberg. La muerte del abogado generó una de las mayores crisis recientes en la política de Guatemala, a mediados de 2009. Rosenberg, acribillado el 10 de mayo de 2009 en la capital guatemalteca, había grabado un video "anticipatorio" en el que responsabilizaba de lo que pudiera pasarle, al presidente Álvaro Colom, a la primera dama, Sandra Torres, y al secretario de la presidencia, Gustavo Alejos.
También implicaba a otros funcionarios del gobierno y varios empresarios.
El video fue enviado a los medios de comunicación un día después de su muerte.
Sin embargo, una investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) concluyó que el propio Rosenberg había planeado su asesinato.
Carlos Castresana, jefe de la CICIG, exculpó a la pareja presidencial y a Alejos, al concluir la primera parte de la investigación en enero pasado.
Según Castresana, el abogado estaba en "un proceso de huida a ninguna parte" ya que sufría una intensa depresión por la muerte de su madre, el asesinato de un cliente y su hija (Khalil y Marjorie Musa, mujer con quien sostenía una relación sentimental) y por problemas personales y económicos luego de su reciente divorcio.
Tras ocho meses de minuciosa investigación el CICIG concluyó que Rosenberg había planeado su propia muerte con el apoyo de los hermanos Francisco José y José Estuardo Valdés Paiz, amigos suyos, quienes contrataron a los sicarios.
A finales de junio los hermanos Valdés Paiz se entregaron a la justicia como supuestos autores intelectuales del asesinato de Rosenberg.
Y poco después comenzó el juicio contra los ocho supuestos autores materiales.
Todos fueron detenidos con base en las evidencias reunidas por la CICIG. Uno de ellos declaró que recibieron el equivalente a US$38.000 por matar al abogado.
Como informa la colaboradora de BBC Mundo en Guatemala, Julie López, si el video que grabó Rosenberg ocasionó una crisis política en el gobierno de Colom, los resultados de la investigación de la CICIG crearon una división profunda en la opinión pública.
Un sector apoya a la Comisión, mientras que otro considera falsos los señalamientos contra los hermanos Valdés Paiz, aún pendientes de juicio.
Algunos creen que las críticas hacia la CICIG forman parte de una campaña de desprestigio contra la Comisión.
Esta supuesta campaña llevó a la renuncia de Castresana el mes pasado.