Huelga de hambre de reclusos en cuatro cárceles de Uruguay; interpelan al Ministro del Interior

Unos 2.500 reclusos mantienen una huelga de hambre en cuatro cárceles de Uruguay, en protesta por el incendio del pasado jueves en la cárcel de Rocha que acabó con la vida de doce internos y provocó graves heridas a otros ocho. La medida era cumplida por presos de las cárceles de Rocha, Rivera, Canelones y Santiago Vázquez con el reclamo de que se mejoren las condiciones de reclusión y para que los responsables de la seguridad del penal rochense, a quienes culpan por no haber actuado con celeridad, sean llevados ante la justicia. La tragedia de Rocha forzó el pasado lunes al Senado a aprobar la ley de Emergencia Carcelaria, que prevé –entre varias medidas– una inversión de US$ 15 millones para la construcción y refacción de cárceles y el traslado transitorio de reclusos a dependencias militares. En tanto, en la tarde de ayer, mientras los presos llevaban adelante la medida de fuerza, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, concurrió al Parlamento para informar sobre lo ocurrido en Rocha. Disconforme con la explicación, el Partido Nacional decidió citarlo a una interpelación para el miércoles 28 de julio. En la víspera también se conoció un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Alvaro Garcé, quien advirtió que el 80% de la población penitenciaria –unos 9.200 reclusos que habitan las 28 cárceles del país– corre serios riesgos de padecer un incendio “por la caótica acumulación que tienen de elementos combustibles, por las precarias instalaciones eléctricas” y por distintas carencias que los penales arrastran desde varios años atrás, tal como lo expresó el ex presidente Tabaré Vázquez, quien no obstante asumió su parte de responsabilidad en el tema. En Uruguay, durante décadas, no existió voluntad política para que las cárceles no fueran otra cosa que meros depósitos de seres humanos. Desarrollado en esa concepción, el sistema carcelario comenzó a mostrar –a la par de la crisis socioeconómica con su consecuente pérdida de valores que derivó en un progresivo crecimiento de la población carcelaria– signos de un muy agudo deterioro. La situación sorprendió en 2009 al relator contra la tortura de la ONU, Manfred Nowak, quien calificó a las cárceles uruguayas como de las peores del mundo.