La trampa de la mafia uruguaya al juez incorruptible tiene al gobierno en jaque

La renuncia del juez Federico Álvarez Petraglia generó preocupación en el gobierno, que sigue de cerca el asunto y teme que exista una operación destinada a obstruir la investigación del caso Campanita y debilitar la figura del "informante". En el gobierno no pasó desapercibida, ni se tomó como un hecho judicial más la renuncia del juez Álvarez Petraglia. Fuentes consultadas por Ultimas Noticias señalaron que el caso "se sigue de cerca" y "preocupa mucho". Existe la sospecha de que existe una "operación" destinada a "debilitar o derribar" la figura del informante.
Dicha figura fue creada por la Ley 18.494 de "Control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo", que dispuso en su artículo 6° que el Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, "podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo si: revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso".
"Que existan informantes protegidos por la ley no le sirve a nadie. Para la gente que está involucrada en estos casos, que exista un informante puede ser clave, muy negativo, y es obvio que le van a tirar con todo. Tampoco es cierto que vulnere la relación entre el abogado y sus clientes", dijo la fuente.
Asimismo, consideró que no parece "prudente" que el magistrado haya renunciado en el medio de una investigación, que es "la garantía que tiene el Estado para aclarar situaciones confusas", aunque también se cree que existe tras el caso "un mar de fondo" que será necesario esclarecer.
La fuente también recordó que en el marco de la investigación de lo que se denominó Operación Campanita fue procesado el connotado abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro, junto con otras cuatro personas, por lavado de activos vinculados al narcotráfico. "Hubo gente a la que no le gustó que se llegara a ese nivel de investigación, porque quedó más en evidencia que nunca que en el país no hay intocables", sostuvo la fuente.
Desde el gobierno se indicó que tanto Álvarez Petraglia como el ministro del Tribunal de Apelaciones que lo investiga, Ángel Cal, son merecedores de la máxima confianza y que se espera que la Suprema Corte de Justicia actúe con rapidez.
Se indicó que la "Operación Campanita" -por la cual la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas en setiembre de 2006 incautó 350 kilos de cocaína, con un valor estimado en 10 millones de dólares, además de armas y vehículos, y desarticuló dos laboratorios para la elaboración de la droga- es sumamente importante para el gobierno y por lo tanto se espera que todo el caso pase al Juzgado del Crimen Organizado, ya que un nuevo juez en la causa sería un retroceso en una investigación que tiene muchas ramificaciones y que se inició hace mucho tiempo.
En su momento, el ex secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, coincidió con el ex juez Álvarez Petraglia en que en la "Operación Campanita" no fue protegida la identidad de la "colaboradora" -con la que el magistrado y el fiscal Diego Pérez llegaron a un acuerdo a cambio de información que permitió procesar a Curbelo Tammaro-, tanto por la Justicia como por una serie de notas periodísticas.
"Lo que preveíamos era que cuando empezáramos a trabajar con esto iba a haber resistencias", afirmó entonces Gil en declaraciones al portal 180. "Si vos agarrás a un narcotraficante internacional, todo el mundo te aplaude. Pero el día que te empezaste a meter con los cuellos blancos de la Ciudad Vieja, con los estudios de abogados, ese día se complicó. Porque hay gente muy poderosa a la que durante muchos años nadie le hizo nada. Te entraste a meter con gente que tenía una sensación de impunidad bastante fuerte. Lo lógico es que reaccionen".
Sorpresa y contestación desde la Corte
La Suprema Corte de Justicia emitió ayer un comunicado de prensa "atendiendo a los hechos de notoriedad que han afectado la imagen pública de la Justicia" en el que hizo algunas precisiones sobre lo sucedido.
La Corporación señaló que al presentar su renuncia, Álvarez Petraglia dijo sentirse afectado por haber sido investigado cuando fue él quien denunció una situación irregular, vinculada a la presunta "filtración" de información con el fin de desacreditar a la colaboradora del caso Campanita, procesada posteriormente por el juez penal de Maldonado Gabriel Ohanian por "apropiación indebida".
"Esta afirmación es errónea, porque las dos denuncias formales realizadas a la Corporación antes de que enviara su propia versión de los hechos lo tienen como denunciado", señalaron los ministros y agregan: "Por lo tanto, no se trata de indagar en torno de un hecho que únicamente haya sido denunciado por el Dr. Álvarez Petraglia".
"Las razones expresadas por el juez denunciante tomaron por sorpresa a la Corporación, ya que nunca estuvo en tela de juicio
la confianza que se le profesaba, ni se indicó al ministro instructor que realizara interceptaciones de correspondencia electrónica", remarcó la Corte.