Un millón de jóvenes hispanos viven en un limbo legal en un país que no los reconoce: EEUU
Llegaron a Estados Unidos cuando eran pequeños, de la mano de sus padres. No pertenecen a la primera generación de hispanos, pues no tomaron la decisión de migrar y vivieron sus años formativos en la sociedad estadounidense. Pero tampoco se pueden considerar como de segunda generación, porque no nacieron en Estados Unidos. Se les conoce como la generación "1.5" (que sería 1,5 en español). Muchos de estos niños y jóvenes no son ciudadanos estadounidenses, a pesar de que hablan inglés y crecieron en ese país. No tienen papeles y por lo tanto en muchos estados no pueden trabajar legalmente, votar o conducir. Y tienen tanto riesgo de ser deportados como cualquier otro inmigrante indocumentado. "Temen ser deportados pero muchos no conocen otro idioma que no sea inglés, y no desconocen sus países de origen", dice Rubén Rumbaut, un profesor de la Universidad de California en Irvine que acuñó el término "generación 1.5". Aunque no existen cifras oficiales de la cantidad de niños indocumentados en Estados Unidos, el Centro Hispánico Pew calcula que un 7% de los niños hispanos son inmigrantes no autorizados.
El sueño americano
Los niños sin papeles pueden asistir a la escuela primaria y secundaria, pero ingresar a la universidad puede presentar dificultades. Se calcula que aproximadamente 65.000 estudiantes indocumentados (hispanos y no hispanos) se gradúan cada año de la escuela secundaria, según la organización College Board. En la mayoría de estados no califican para recibir el descuento en la matrícula que generalmente se le hace a los estudiantes que residen en el mismo lugar al que van a la universidad. Esto quiere decir que tienen que pagar el mismo precio que los estudiantes internacionales, que en muchas veces es imposible para una familia inmigrante.
Quienes logran graduarse de la universidad se chocan con una dura realidad: no pueden conseguir un trabajo legal.
"Yo tenía esta visión muy estadounidense de que, cuando uno trabaja duro para lograr sus sueños, los consigue. Pero no hay ninguna ruta posible para conseguirlos", dice Gabriel, un joven de 28 años que vive en California y no tiene papeles.
Gabriel se graduó de ingeniero industrial, pero sólo encuentra trabajos que reciben el salario mínimo en industrias como la comida rápida y la construcción. Acaba de descubrir que, si una compañía lo quiere contratar legalmente, debe esperar ocho años debido a su situación migratoria.
"La única manera que tengo es casarme, lo cual es frustrante porque a mí me enseñaron que uno debe alcanzar el éxito usando sus propios medios. No tiene sentido. El gobierno invirtió por 12 años en mi educación, y ahora quiere que me vaya", agrega Gabriel.
"Uniforme naranja"
Cada año se gradúan aproximadamente 65.000 indocumentados.
Los estudiantes documentados también enfrentan el riesgo de ser deportados.
Andrea Huérfano llegó a los 14 años con su familia a Estados Unidos. Su padre, colombiano, solicitó asilo político, pero murió de cáncer antes de que se tomara una decisión sobre su solicitud. Andrea ya tenía 19 años, así que era adulta y se quedó sin un estado migratorio claro.
El año pasado fue arrestada cuando fue a un juzgado a pagar una multa por pasarse un semáforo en rojo. Salió centro de detención por diez días, tras una campaña de presión para evitar su deportación. Le dieron seis meses más para preparar su caso.
Esta semana tiene que presentarlo y si no convence a los jueces será detenida de nuevo.
Walter Lara pasó por algo similar. Lo detuvieron el año pasado antes de abordar un ferry hacia la isla Fisher en Miami. Las autoridades migratorias no pudieron encontrar su nombre en la base de datos y lo llevaron al Centro de Transición Broward en Pompano Beach.
"Cuando llegué, no sabía que esperar. Me tuvieron que explicar lo que el lugar era. Vi mucha gente allí, usaban un uniforme naranja", le dice Lara a BBC Mundo.
Walter fue liberado 20 días después y tuvo que firmar un documento en el que aceptaba dejar Estados Unidos de manera voluntaria antes de julio de 2010.
Tras una campaña muy activa, que incluyó visitas de varios senadores en Washington, Walter consiguió un permiso temporal para quedarse en el país por un año más.
El joven explica que ir a Argentina, el lugar en el que nació, significa para él un viaje a lo desconocido. "Yo llegué aquí a los tres años y nunca regresé. Crecí en Miami. No tengo ningún recuerdo de ese lugar, excepto por lo que mi familia me cuenta y me muestra en libros".
Debate legal
Andrea y Walter tienen la esperanza de que el Congreso aprueba un proyecto de ley conocido como el "Dream Act", que estipula beneficios migratorios para quienes llegaron a Estados Unidos de niños.
Según el proyecto, la ley le concedería un permiso de residencia por seis años a la gente que llegó a Estados Unidos antes de cumplir los 15 años y que haya vivido en el país por más de cinco años. Después de este período, quienes hayan terminado una carrera de dos años o hayan hecho el servicio militar por dos años podrían solicitar la residencia permanente. No pueden recibir ayuda del gobierno y deben probar buen carácter moral.
Diferentes versiones del proyecto fueron presentadas al Congreso, pero nunca han pasado. El proyecto fue reintroducido en el Congreso y la Cámara en 2009.
Pero quienes se oponen a la propuesta afirman que promueve la inmigración ilegal y que puede afectar el mercado laboral.
"En el clima económico actual, el medio millón de jóvenes ilegales que podrían resultar amnistiados entrarían a competir en un mercado en el que el empleo es escaso. Y si lo logran, al menos en el corto plazo, esto significaría que medio millón de estadounidenses se quedarían sin trabajo", dice Roy Beck, director ejecutivo de la organización Numbers USA que aboga por la reducción de la inmigración.
Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración – que también aboga por controles más estrictos de la inmigración-, dice que está a favor de solucionar la situación de los estudiantes que crecieron en Estados Unidos, pero advierte que la ley "debe incluir medidas como la verificación obligatoria del estatus migratorio de los trabajadores, porque este es el primer motivo por el que las familias vienen y traen a estos niños. Y tampoco debería recompensar a los padres por poner a los niños en esta situación".
Obama, de acuerdo
Barack Obama apoyó el proyecto Dream Act durante su campaña para llegar a la presidencia, añadiendo que no quería "dos clases de ciudadanos" en el país y que quería que "todo el mundo pueda prosperar".
Pero pocos piensan que Obama pueda discutir el tema de la inmigración pronto.
"El presidente tiene muchos asuntos en su cabeza y me sorprendería mucho si puede proponer una reforma migratoria después de haber gastado un capital político enorme en la reforma del sistema de salud", dice Gregory Rodríguez, columnista del diario LA Times.
Mientras tanto, los jóvenes indocumentados creen que la discusión del proyecto no puede esperar más. En mayo, cinco estudiantes protagonizaron una protesta y sentada en la oficina del senador John McCain en Arizona, pidiéndole que apoye la propuesta.
Tres de ellos, que son inmigrantes indocumentados, podrían ser deportados.
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