Los argentinos quieren el fin del bloqueo a Uruguay pero sin represión

La mayoría de los argentinos quiere el fin del bloqueo del puente con Uruguay que, desde 2006, realizan ambientalistas en contra de Botnia, aunque desea que esto se logre sin represión, según una encuesta privada publicada hoy. El sondeo realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) y publicado hoy por el diario El Argentino revela que sólo un 25 por ciento de los encuestados está a favor del bloqueo que realiza la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú al puente que les une con la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde funciona la planta de la papelera UPM (ex Botnia). Un 42,5 por ciento de los consultados considera que los ambientalistas deben buscar otras formas de protestar y otro 29,9 por ciento opina que el bloque debe concluir sin más. Con todo, el 84,5 por ciento de los encuestados cree que el bloqueo no debe ser levantado por la fuerza. Apenas un 15,5 por ciento considera que el puente debe ser desalojado por la Gendarmería (policía de frontera) argentina.
En tanto, un 59,9 por ciento de los encuestados aprobó la decisión del Gobierno argentino de recurrir a la Justicia para que ponga fin al bloqueo.
El 30 por ciento de los consultados, en tanto, tachó de "mala o muy mala" la resolución del Ejecutivo de denunciar civil y penalmente a los asambleístas que se niegan a levantar la medida de protesta.
La denuncia penal presentada por la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) contra los ecologistas abarca un abanico amplio de delitos, como entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, entre otros.
El Gobierno argentino también presentó una denuncia civil contra los ambientalistas por los perjuicios económicos derivados del bloqueo del paso fronterizo.
El litigio entre Argentina y Uruguay por la instalación de la papelera fue dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril determinó que el segundo país violó el estatuto del río Uruguay, pero consideró que la planta puede seguir operando porque de momento no hay pruebas de que contamine el medio ambiente.
La misma Corte desestimó en 2006 un pedido del Gobierno uruguayo para que se aplicara una medida cautelar a Argentina por los cortes en los pasos fronterizos, que fueron tolerados por el Gobierno argentino hasta este año.
El miércoles pasado, al anunciar la decisión de formular las denuncias, el Gobierno argentino alegó que, tras el fallo de La Haya, la protesta de Gualeguaychú impide que ambos países pueden iniciar controles conjuntos a la calidad de las aguas del río Uruguay, a la vera del cual funciona la planta, y que las relaciones bilaterales se recompongan.
Los ecologistas reaccionaron con rabia ante las denuncias judiciales y aseguraron que no desistirán de su protesta.