La Justicia argentina apura al gobierno para levantar el corte

El juez aún no tomó la denuncia del Gobierno contra los líderes de la protesta. Y pide un instrumento legal para avanzar en el proceso para desactivar el bloqueo del puente internacional. Anoche, en la Rosada se evaluaba una respuesta. La misión urgente que Cristina Kirchner le encomendó el miércoles al procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, tiene un resultado incierto. El funcionario fue hasta Concepción del Uruguay para presentar al Gobierno como querellante en la causa del corte de ruta pero hasta anoche, el juez Gustavo Román Pimentel no había autorizado el pedido . Fuentes judiciales aseguran que el magistrado pidió un decreto firmado por la Presidenta para admitirlos en el expediente. Según estos mismos informantes, Pimentel consideró insuficiente que Da Rocha informara que había recibido una “orden verbal” de Cristina, y le pidió un decreto, repitiendo un antecedente que se dio en el caso del ex titular del Banco Central, Martín Redrado. En el decreto 18/2010, se lo separa del cargo y se ordena al procurador del Tesoro –que entonces era Osvaldo Guglielmino–, que realice una denuncia penal contra el ex funcionario. El pedido de Pimentel es un inesperado obstáculo en la última estrategia del Gobierno, y parece ser una precaución más en este conflicto en el que nadie quiere pagar el precio que llegará tras la liberación del puente que une Gualeguaychu con Fray Bentos. Hasta ahora, el magistrado actuó siguiendo el Derecho pero también atento a las decisiones políticas . A tiempo con los deseos del Ejecutivo firmó la orden para desalojar a los asambleístas luego de que la presidenta Cristina Kirchner lo pidiera públicamente. Sin embargo, el juez no se privó de aclarar en su texto que estaba repitiendo dos medidas judiciales similares que ya habían sido ordenadas –sin éxito– por su antecesor en el cargo. Tanto antes como ahora, el actual jefe de Gabinete se negó a ejecutarlas.
Pimentel subroga el juzgado federal N° 1 de Concepción del Uruguay después de que el titular Guillermo Quadrini volviera a su provincia natal, Tierra del Fuego, y dejara el puesto vacante. Pimentel era el secretario del juzgado y es un hombre respetado por la Justicia local, según informaron a Clarín fuentes políticas y tribunalicias. Aún así es innegable que está en una situación delicada: tiene el quinto puesto en la orden de mérito del concurso N°249 que está realizando el Consejo de la Magistratura para designar un nuevo titular.
En ese contexto, el juez viajó hace diez días a Buenos Aires para la entrevista en la comisión de Selección. Del análisis que hagan los consejeros de esta charla personal, dependerá si Pimentel entra o no en la terna que se eleva a la Presidenta para que ella haga la elección final.
La decisión original de pedir una nueva orden del juez para correr a los asambleístas de la ruta, buscaba el aval judicial a la medida. Pero en la Quinta de Olivos entendieron rápidamente que esa medida no hizo más que sumar gente a la causa ambientalista.
Con esa certeza, se tomó la decisión de meterse en el expediente utilizando la figura de querellantes, lo que les posibilita acceder a la causa, pedir medidas y ser notificados de cada movimiento de la investigación.
Ayer por la tarde, funcionarios de Gobierno a cargo de esta maniobra aseguraban que no querían parecer “fiscales paralelos” pero que tenían información para aportar e ideas para proponer. El plan era lograr que Pimentel comenzara a citar a asambleístas a declaración indagatoria como maniobra disuasiva. Para cumplir el objetivo todavía faltaba el paso principal. Ser admitidos.