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CAUSA ABIERTA

Sin prisioneros

Sin prisioneros

El estado de excepción en cinco regiones de Paraguay concluyó hoy tras treinta días de vigencia, en medio de críticas al Gobierno por la falta de resultados en la lucha contra un grupo armado de izquierda que opera en el norte del país. El estado de excepción había sido decretado el 24 de abril pasado por el Congreso tras una propuesta presentada por el jefe de Estado, Fernando Lugo, para intentar capturar a los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Según la Fiscalía, ese grupo armado fue instruido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para perpetrar secuestros y otro tipo de ilícitos. El diputado del opositor Partido Patria Querida (PPQ), Carlos María Soler, calificó hoy ante periodistas como "un fracaso" esa medida durante la que se realizaron operaciones con más de 3.000 policías y militares, aunque no se logró la captura de los integrantes de ese grupo armado. Aseveró que fue una "decepción" y que analizarán y evaluarán si valió la pena la disposición luego de que el jefe de Estado presente al Parlamento, en un plazo no mayor a los cinco días como lo estipula la Constitución, un informe sobre las operaciones.
Por su parte, la diputada oficialista Desiree Masi opinó que no se iba a cumplir en treinta días la captura de los miembros del EPP, que fue el plazo que dio el Congreso para el estado de excepción, en alusión a que el Gobierno había propuesto inicialmente la vigencia de la medida por 60 días.
No obstante, Masi admitió que "hay un consenso dentro del Poder Ejecutivo para no pedir la prórroga de la medida" y comentó que "se está viendo la manera en que los militares continúen apoyando las tareas" en las regiones donde opera el grupo armado.
"A este Gobierno le quieren hacer cargar el costo político de este grupo armado que opera desde hace doce años en el país", insistió la diputada.
El estado de excepción rigió en los departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Presidente Hayes y Alto Paraguay, estos últimos en el Chaco (Región Occidental) y en cuyas zonas boscosas operaría ese grupo armado.
Durante la vigencia de la medida, en el marco de la que se registraron incidentes entre grupos de militares y policías, fue arrestado más de un centenar de personas, aunque ninguna de ellas forman parte de la lista de los alrededor de veinte líderes del grupo armado.
Los gremios de ganaderos y productores agrícolas, cuyas haciendas sufrieron saqueos o algún tipo de ataque, atribuidos al EPP, fueron los únicos que exigieron que se prolongue la medida.
Entretanto, el analista Alfredo Boccia dijo a Efe que lo obtenido con el estado de excepción demuestra que "la declaración de la medida ha sido innecesaria".
"Estamos como hace un mes atrás. Esta no era la solución para la situación. Fue una medida más mediática que efectiva", opinó el analista.
Boccia sostuvo que esta situación también dio pie a "un oportunismo enorme para que crezcan las críticas contra Lugo y reflote la amenaza de un eventual juicio político contra el gobernante por mal desempeño en sus funciones".
"No es un tema que desemboque en una excusa para enjuiciar a Lugo. El EPP es anterior a este Gobierno y seguirá luego de que el mandatario entregue su mandato en 2013", resaltó.
Describió además a ese grupo armado como "una especie de movimiento de extrema izquierda radicalizada que opta por la violencia y por tanto no cree en el sistema democrático".
En alusión a las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante las operaciones, el analista expresó que "se registraron algunos abusos aislados que serían naturales cuando tropas militares y policiales irrumpen en poblados rurales que no están acostumbrados a este tipo de incursiones".
Agregó que el mandatario tiene que convencer a las fuerzas políticas y al pueblo de que el EPP "trasciende el oportunismo de los que quieren enjuiciarlo y tratar de hacer que se entienda que este grupo armado está en contra del propio Estado".
El estado de excepción fue declarado tras la muerte, el 21 de abril pasado, de un agente y tres civiles en una emboscada atribuida al EPP y ocurrida en una hacienda ganadera de Arroyito, 380 kilómetros al norte de Asunción, en los límites de San Pedro y Concepción.

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