La policía desaloja a indígenas que sitiaron el Congreso de Ecuador

La Policía de Ecuador desalojó en medio de disturbios a miles de indígenas y campesinos que el martes sitiaron la sede del Congreso en Quito, en rechazo a un proyecto oficial de ley sobre el manejo del agua que aseguran privatizará ese recurso. Los choques, que dejaron algunos heridos por contusiones, se desataron a raíz de que la Asamblea suspendiera hasta el jueves las deliberaciones en momentos en que los manifestantes rodeaban al Legislativo -en el centro moderno- e impedían la salida de los diputados, constataron periodistas de AFP en el lugar.
Tras la refriega, la Policía tendió un cerco que permitió a los asambleístas abandonar el hemiciclo, enfrente del cual desplegó un centenar de agentes antidisturbios.
Los aborígenes de comunidades andinas, muchos de ellos armados con palos, se instalaron en los alrededores de la Asamblea el martes, cuando los parlamentarios iniciaron el segundo y definitivo debate de la iniciativa sobre Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua.
Apoyados de dispositivos antimotines, los uniformados dispersaron a los nativos con bombas de gas lacrimógeno, ante lo que la muchedumbre respondió atacando con garrotes.
"La decisión de la gente es no dejar salir a nadie", declaró a AFP el líder indígena Ricardo Ulcuango.
Sin embargo, la acción policial obligó a los manifestantes a replegarse hacia un parque vecino con la amenaza de "volver".
"¡Esta historia continuará compañeros!", exclamó un aborigen a los uniformados, que inmediatamente montaron el escudo frente a la Asamblea, controlada por el oficialismo de izquierda.
"Existe la mejor buena voluntad de los bloques (legislativos) para que esta ley sea una de las mejores en beneficio de todos los ciudadanos", dijo el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien convocó a los congresistas a retomar las deliberaciones el jueves.
El funcionario hizo un llamado a la "cordura" a aborígenes y campesinos, que exigen que sus demandas sean incluidas en el proyecto de ley para regular el uso del agua.
"No han aprobado la ley privatizadora", dijo a su vez Ulcuango, quien señaló que "no se han incluido las propuestas del sector indígena" y apuntó que aborígenes del interior se están movilizando hacia Quito para lograr que "nuestros pedidos sean aceptados y nos garanticen el acceso al agua".
Los indígenas plantean al Congreso que la iniciativa incorpore la creación de una autoridad colegiada para normar el uso del líquido, un "mínimo vital gratis" y un fondo para conservar los páramos.
Durante la jornada, un grupo de nativos encabezado por los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Santi, y de la Ecuarunari (de la sierra andina), Delfín Tenesaca, ingresó al Congreso para dialogar con los asambleístas.
En el hemiciclo, Tenesaca declaró: "Estamos aquí (como) guardianes del agua porque es vida y no está redistribuida como se debe. La ley no nos garantiza si habrá una redistribución".
Comunidades indígenas también protestaron en la provincia andina de Azuay (sur de Ecuador), donde cinco dirigentes fueron arrestados, informó Tenesaca.
La Conaie -que dice representar a 35% de la población ecuatoriana (de 14,2 millones)- convocó en febrero a un levantamiento que aún está pendiente en rechazo al proyecto hídrico y la explotación minera a cielo abierto y de crudo en sus comunidades, negando que sea para derrocar al presidente Rafael Correa.
El movimiento indígena participó en el derrocamiento de los entonces presidentes Abdalá Bucaram (febrero de 1997) y Jamil Mahuad (enero de 2000) en el marco de la década de mayor inestabilidad política de Ecuador desde su retorno a la democracia en 1979.