Luz verde para que el Gobierno paraguayo movilice al Ejército contra un grupo armado

El Senado paraguayo completó hoy el proceso legislativo de la declaración del estado de excepción en cinco provincias del país, pedida hace tres días por el presidente Fernando Lugo para perseguir a un grupo armado de izquierda. La cámara alta, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad las modificaciones realizadas el viernes en la Cámara de Diputados al proyecto de ley avalado inicialmente por ese órgano en su reunión ordinaria del jueves.
El presidente del Congreso, el senador opositor Miguel Carrizosa, afirmó que el Parlamento está dando "las herramientas" al jefe de Estado para "neutralizar al EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) que tanto daño está causando" en el norte del país, en donde, según el legislador, "hay temor" porque "la gente no sabe quién va a ser la próxima víctima".
El estado de excepción abarcará los departamento (provincias) de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, los dos últimos en la región occidental o Chaco y regirá por 30 días y no 60 como pidió Lugo, cuyo proyecto de ley fue rechazado por el Senado para elaborar uno propio.
Por su parte, los diputados introdujeron la imposibilidad de que los arrestados durante la vigencia de la medida, que estén sometidos a la investigación fiscal, puedan acogerse a normas como la salida del país en carácter de refugiados.
Lugo pidió al Congreso la medida de excepción tras la muerte de un policía, dos peones y un guardia en un ataque ocurrido el pasado día 21 en una hacienda de Arroyito, distrito de Horqueta, a 380 kilómetros al norte de Asunción, en Concepción.
Ese hecho fue atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, de izquierda y que opera en la regiones boscosas del norte del país, principalmente en Concepción, en la frontera con Brasil.
Según la Fiscalía, los cabecillas del EPP han sido adiestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para perpetrar secuestros y otros ilícitos, entre ellas asesinatos de civiles y policías, así como ataques a destacamentos militares y haciendas agrícolas.