Israel tiene su apartheid: hoy entró en vigor una ley que permite deportar en masa a los palestinos de Cisjordania

Una ley militar israelí cuya vaga formulación abre la puerta a deportaciones masivas en el territorio ocupado de Cisjordania entró hoy en vigor, pese a las protestas de dirigentes palestinos y ONG locales. Aprobado hace seis meses, el texto legal flexibiliza la definición de "infiltrado" en Cisjordania y permite al Ejército israelí expulsar a todos los residentes que no tengan "permisos válidos" emitidos por las autoridades del Estado judío.
El enunciado es tan genérico que, según alertan diversas ONG, convierte en potencial delincuente a todo residente en Cisjordania, a excepción de los colonos judíos, que en su inmensa mayoría tienen ciudadanía israelí.
"La nueva definición de infiltrado es tan genérica que convierte virtualmente a cualquier persona presente en Cisjordania en un posible delincuente candidato a la deportación", denunció hoy en un comunicado el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR).
El Ejército se ha apresurado a aclarar que "evidentemente la norma no se aplica a los residentes legales en la zona, que están inscritos en el censo", sino a quienes "entren o se queden en ella sin permiso".
Además defiende que se trata tan sólo de una enmienda para incorporar una "revisión judicial" a una ley que permite "la repatriación de residentes ilegales bajo un proceso administrativo que no requiere supervisión judicial".
De acuerdo a su definición desde 1969, los "infiltrados" eran las personas que permanecían ilegalmente en territorio israelí tras pasar por alguno de los países entonces considerados enemigos: Jordania, Egipto, Siria y Líbano (los dos últimos lo siguen siendo).
El nuevo enunciado da luz verde al encarcelamiento durante un máximo de siete años o a la deportación de aquellas personas residentes en Cisjordania sin permiso, que se estiman en decenas de miles.
Se trata, por ejemplo, de los habitantes de Cisjordania (donde viven unos dos millones y medio de palestinos) en cuyo documento de identidad figure como lugar de residencia la franja de Gaza.
También es el caso de aquellos palestinos nacidos en Cisjordania que por diversas razones perdieron su estatus de residente y de las esposas de palestinos que nacieron en el extranjero pero viven allí. Para el PCHR, miles de palestinos corren así el riesgo de ser expulsados de sus hogares, lo que supondría una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia forzosa de población y la deportación en territorio ocupado.
La nueva orden, afirma la ONG, "forma parte de la política de ocupación, 'apartheid', colonización y desplazamiento forzoso" efectuada por Israel desde hace años.
Otro de sus elementos polémicos es que, pese a que según el Ejército trata de introducir protección jurídica, en la práctica los plazos pueden imposibilitar la comparecencia ante un juez antes de la deportación.
Mientras que la expulsión puede efectuarse apenas tres días después de su aprobación, la audiencia sobre el caso puede retrasarse hasta ocho días después de la orden, cuando ya sería demasiado tarde.
El pasado domingo, cuando el diario "Haaretz" desveló la existencia de la ley, diez ONG israelíes denunciaron públicamente la nueva ordenanza y dirigieron un escrito al Ministerio de Defensa en el que le exhortaban a retrasar su entrada en vigor.
Hoy, en una entrevista con Efe en la ciudad cisjordana de Ramala, el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, aseguró que la nueva norma militar supone una "declaración oficial de la transformación de la ocupación (israelí) en un régimen de apartheid".
Erekat, uno de los principales asesores del presidente palestino Mahmud Abás, advirtió de que este tipo de medidas "empujan a los palestinos a la violencia, el extremismo y el derramamiento de sangre" y "sabotean los esfuerzos" por reactivar el proceso de paz en Oriente Medio, interrumpido desde hace diez meses.