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CAUSA ABIERTA

Fiscalía de Uruguay pide prisión para tres médicos por muerte de niña

Fiscalía de Uruguay pide prisión para tres médicos por muerte de niña

El fiscal Eduardo Fernández Dovat solicitó ayer el procesamiento por homicidio culposo de tres médicos que se desempeñaban en instituciones privadas porque no practicaron análisis de sangre a una niña con mononucleosis, quien falleció de una sepsis generalizada.
El 1° de noviembre de 1998, Laila Oriol, de tres años de edad, enfermó de mononucleosis. Sus padres la llevaron de inmediato a su sociedad médica, donde fue atendida, pero no se le ordenaron exámenes. Con el transcurso de los días su condición empeoró. Su madre volvió a llevarla varias veces, pero no se le hicieron análisis de sangre. Según consta en la denuncia presentada en febrero de 2009 por el abogado de la familia, Oscar López Goldaracena, “los médicos trataron a la madre de paranoica y nunca mandaron un hemograma”. El 7 de noviembre, dado el estado de la niña, su madre llamó a una emergencia móvil pero le respondieron que no correspondía el traslado y le sugirieron que fuera a la institución médica por sus propios medios.
El 8 de noviembre, cuando pudo llevarla, su estado determinó el ingreso al Centro de Terapia Intensiva (CTI), donde se determinó la infección generalizada pero ya no pudo ser tratada. Según dijo el abogado a Ultimas Noticias, el dictamen forense dejó claro que Laila “fue atacada por una bacteria sensible a los medicamentos. Si la hubieran tratado, habría podido salvarse. Hasta ese momento era una niña sana”.
Con ese argumento, en febrero de 2009 los padres de la niña denunciaron a los médicos que intervinieron en el caso, cuyos nombres se mantendrán en reserva hasta que se resuelva el procesamiento. El caso quedó a cargo del juez Eduardo Pereyra, responsable del Juzgado Penal de 4° Turno. Esta tarde habrá una nueva audiencia en la que el magistrado recibirá nuevos testimonios médicos.
En caso de hacer lugar a la solicitud de Fernández Dovat, quien argumentó negligencia, los médicos enfrentan una pena de entre seis meses de prisión y ocho años de penitenciaría y podrían verse afectados en el ejercicio de su profesión.

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