Trasplantes clandestinos en Perú

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó hoy que siete presuntos trasplantes ilegales de órganos, realizados en Perú, están siendo investigados por su cartera y por el Poder Judicial, tras la muerte de un empresario mexicano por una práctica clandestina de este tipo. Ugarte explicó que cinco de estos trasplantes fueron denunciados ante el Poder Judicial, mientras que los otros dos han sido investigados por el ministerio que él dirige, según una entrevista dada a Radio San Borja recogida por la agencia oficial Andina.
En tal sentido, el ministro aseguró que pronto se realizarán los pronunciamientos respectivos para determinar las responsabilidades.
"En primer lugar, el trasplante de órganos es algo altruista y no sometido al comercio, y por eso mismo se establece que tiene que registrarse en el ministerio de Salud cualquier tipo de operación de trasplante; así como los datos de quienes intervienen: médicos, paciente, donante, entre otros", afirmó.
Sin embargo, en los siete casos investigados, "nadie sabe cómo ha sido, ni quién es el donante, es decir, todo es clandestino", añadió.
Ugarte denunció en diciembre pasado el caso del empresario mexicano Óscar Soberón, de 50 años, quien fue sometido a un trasplante de hígado en una clínica no autorizada y quedó en grave estado de salud ya que sufría de diabetes e hipertensión arterial y, además, tenía implantado un marcapasos.
La operación fue realizada por el cirujano peruano Mario Garrido, quien trabaja para un hospital del seguro social Essalud, y quien fue denunciado por presunta intermediación onerosa de órganos y tejidos, un delito penado con entre 4 y 8 años de prisión.
No obstante, el caso se complicó porque el mexicano murió el pasado 14 en su país, después de haber obtenido el alta médica en Lima, a pesar de su gravedad, y ser trasladado de vuelta a México a comienzos de enero.
Ugarte explicó que "cuando una institución que no está acreditada realiza trasplantes de órganos, está obviamente incumpliendo la ley; pero si a ello se suma el hecho del fallecimiento del paciente por una mala intervención, como parece haber ocurrido en el caso del ciudadano mexicano operado en una clínica local, existe una doble responsabilidad y penalidad."
De otro lado, sobre la denuncia conocida ayer en Lima de que un paciente peruano de 86 años sufrió la amputación de una pierna sana en un hospital del seguro social, Ugarte reiteró que corresponde darle una indemnización por el daño ocasionado.
"Esta es una situación increíble. Un acto de negligencia punible por parte de las personas que intervinieron en esta operación", dijo el ministro.
Ugarte agregó que la institución responsable de la operación, el seguro social Essalud, "ha tomado cartas en el asunto y entiendo que ha separado a los profesionales (que amputaron al paciente), y luego habrá una sanción administrativa de acuerdo con la magnitud de la falta."
El ministro aclaró que la medida administrativa no impide las acciones que se realicen en el plano judicial para determinar las responsabilidades y sanciones de acuerdo con la ley.
"Si bien la responsabilidad individual deberá ser establecida judicialmente, corresponde a la institución asumir los costos de la reparación de la víctima", puntualizó.