Primer round ganado por las "presas": los "cazadores" de patentes de Montevideo se esconden en estado de pánico

Los inspectores de tránsito decidieron no realizar la fiscalización de patentes que iba a comenzar ayer, esperando que la Intendencia de Montevideo defina un marco jurídico que defienda a los funcionarios de denuncias y reacciones violentas. La negativa a fiscalizar las patentes no impedirá que los inspectores continúen con el resto de sus obligaciones. El inspector Riquen Bonfiglio manifestó a Ultimas Noticias que se espera que la semana próxima haya diálogo con la administración municipal para definir la aprobación de algún estatuto que dé certezas jurídicas a los municipales. "Hay un ambiente controvertido, todo se volvió mediático, hay cruces de dichos a través de la prensa. Además, los jerarcas están de licencia: el intendente Ricardo Ehrlich, el gerente de Tránsito, Gonzalo de Toro, el director Gerardo Urse", añadió Bonfiglio.
Sobre la posibilidad de reacciones violentas de conductores contra los inspectores, Bonfiglio acotó que "esa posibilidad siempre está latente; hace unas noches agredieron a un compañero". Las "declaraciones cruzadas y el aumento de la presión a través de los medios" hicieron que los inspectores consideren que puede haber reacciones violentas en su contra.
El problema mayor que debatieron en la asamblea realizada durante la víspera fue la falta de certeza jurídica para que los inspectores pudieran actuar sin problemas. El secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Aníbal Varela, dijo a Ultimas Noticias que "sin respaldo jurídico, más allá de la gente violentada, se va a accionar contra los funcionarios y no contra la IMM".
"Hace falta un marco legal para respaldar al funcionario. La IMM debe entender que los inspectores no pueden hacer confiscaciones porque después eso les vuelve en contra, porque no están claras las potestades", aseguró. "La gente puede protestar porque se le confisca la libreta de conducir, las chapas o el auto porque no hay nada legal que ampare al funcionario. Hay cosas que las podrá hacer el efectivo de la Policía de Tránsito, pero no el inspector municipal".
Varela lo aceptó los planteos realizados por el intendente de Colonia, Walter Zimmer, incidieron en la decisión. "Las actuaciones son contra los funcionarios, pero no contra la IMM. Cualquiera sea la acción de los vecinos -un recurso o una denuncia-, no tenemos ningún amparo jurídico", puntualizó.
Bonfiglio indicó que no está planteado como sindicato realizar consultas jurídicas a abogados para que ofrezcan un informe en la materia, pero señaló que es una facultad que el ejecutivo de Adeom puede tomar de ser preciso. "Nos parece que no podemos salir sin respaldo alguno. Por tanto, no vamos a fiscalizar ni a ser parte de campañas hasta que se aclaren los tantos", recalcó el inspector.
Varela explicó que el sindicato comunicó oficialmente a la comuna capitalina la resolución de asamblea, quedando a la espera de una reunión con jerarcas de Tránsito, Recursos Humanos y otros servicios. "Cuando nos llamen, vamos a negociar. Tenemos una comunicación oficial enviada al director Justo Onandi; ahora vamos a esperar", añadió.
En cuanto a la eventual violencia contra funcionarios municipales, Anibal Varela precisó que "estas actitudes están penadas por la ley; permitirlas sería una historia de los más fuertes contra los más débiles. Y no es así".
Ocupan en el Prado
Los 17 funcionarios de Artes y Festejos, encargados de la construcción de carros alegóricos y cabezudos, ocuparon los talleres de la Rural del Prado por haber sido desplazados de la tarea. Los funcionarios eran vecinos convocados por
su manualidad a hacer las carrozas desde los años 80, pero que en 1993, tras un acuerdo con el entonces intendente Tabaré Vázquez, ingresaron como municipales. Durante el resto del año, los funcionarios fueron afectados a diversas tareas en el Teatro de Verano Ramón Collazo o en la Semana Criolla.
Según Varela, los funcionarios fueron desplazados por gente seleccionada por contratos directos a término y municipales de otros servicios que hacen horas extras.
Conductores podrían presentar amparos
La ley de Empadronamiento puede ser objeto de recursos de amparo por parte de conductores a los que se les quiera retirar las chapas o sancionar, según manifestó a Ultimas Noticias el abogado Adrián Gutiérrez del estudio Rueda, Abadie y Pereira. "La norma no dice que habilita a los inspectores municipales para retirar chapas o retener documentación, tampoco hay otras leyes que los autorice a hacer las medidas anunciadas por jerarcas y hasta intendentes", señaló.
Gutiérrez sostuvo que los inspectores municipales sólo están en condiciones de exigir la presentación de documentos como la libreta de conducir y papeles que certifiquen la propiedad del automóvil. Sin embargo, agregó que no estarían habilitados para retener el certificado notarial y las facturas pagadas a servicios públicos que demuestren el domicilio como plantea la Ley 18.456; añadió que mucho menos se podría retener chapas. "Los conductores se pueden valer de un procedimiento mal hecho que les permitirá promover acciones legales en contra de las medidas, en especial, presentar recursos de amparo para que un juez falle con rapidez a su favor", añadió.
Según explicó Gutiérrez, la falla de procedimiento radica en que no hay prevista una instancia de recurso ante la sanción impuesta a un conductor considerado reincidente.
Argumentó que las multas se pueden dejar sin efecto, siguiendo un trámite de recurso en contra. En cuanto a las sanciones previstas por infracción de la Ley 18.456, Gutiérrez entendió que la instancia no fue prevista.