¡A fumar que se acaba el mundo!: tabacalera uruguaya "tira al piso" el precio de los cigarrillos

La tabacalera uruguaya Abal Hnos. redujo fuertemente el precio de los productos que comercializa, lo que la firma justificó por "criterios de estrategia comercial".
Hace una semana Abal había bajado los precios de las cajillas de diez unidades de $ 35 a $ 25, al tiempo que mantuvo la cajilla de 20 unidades a $ 70. Es decir que comprando dos cajillas de diez se pagaba $ 50, en lugar de $ 70.
Pero a la lista de precios de ayer la tabacalera volvió a sorprender y bajó a $ 50 la caja de veinte de Marlboro, al igual que el Benson, Fiesta, Casino y L&M bajaron a $ 49.
Consultadas sobre la decisión, fuentes de la compañía dijeron a El País que la baja de precios "responde a criterios de estrategia comercial, para mantener la competitividad en el mercado".
Los informantes agregaron que "Abal Hnos. trabaja para ofrecer un portafolio de marcas de alta calidad, que satisfaga las preferencias de sus consumidores. En tal sentido, seguiremos compitiendo en el mercado uruguayo, concentrando nuestros esfuerzos en el crecimiento de nuestra participación de mercado a través de las marcas vigentes u otras nuevas que se encuentren en desarrollo para asegurarnos seguir ofreciendo los mejores productos para los fumadores adultos".
En el mercado se manejaba que una de las razones para aplicar esta estrategia puede ser el cambio de stock de envases que deberán realizar las tabacaleras, ya que el Poder Ejecutivo obliga a las empresas, a partir de la próxima semana, a aumentar de 50% a 80% las advertencias sanitarias en el cuerpo de las cajas de cigarrillos. Una vez que empiece a regir esta norma ya no se podrán comercializar más productos con pictogramas (las fotografías) al tamaño del 50% actual.
Las tres compañías tabacaleras que operan en el mercado local presentaron sendos recursos de revocación del decreto del Poder Ejecutivo que obliga a las empresas a aumentar de 50% a 80% las advertencias sanitarias en el cuerpo de las cajas de cigarrillos. Exigieron la suspensión inmediata del decreto y su posterior revocación.
El recurso tenía como fecha límite de respuesta por parte del Poder Ejecutivo el 27 de noviembre. El gobierno no respondió y ahora las empresas tienen un plazo de 60 días para ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y solicitar la nulidad del decreto. De hecho, las compañías están trabajando en la presentación ante el organismo.