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CAUSA ABIERTA

Piden de 7 a 10 años para 13 miembros del aparato de captación e información de ETA

Piden de 7 a 10 años para 13 miembros del aparato de captación e información de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá penas de entre 7 y 10 años de prisión para trece supuestos miembros de los aparatos de captación y de información de ETA, detenidos gracias a la documentación intervenida en Francia en diciembre de 2002 al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, "Susper". Así consta en el escrito de conclusiones del fiscal, que acusa a los trece de pertenecer o colaborar con el aparato de captación e información de ETA -denominados "Arrantza" y "Pianistas", respectivamente-, detenidos en octubre de 2003 por orden del juez Baltasar Garzón y a los que la Audiencia Nacional juzgará el próximo miércoles a partir de las 10:00 horas.
Dichos aparatos fueron desmantelados gracias a los llamados "papeles de Susper", en los que figuraban en clave decenas de nombres de supuestos colaboradores de la banda.
Por delito de integración, el fiscal pide diez años de prisión para Ikerne Indakoetxea, Ramón López Cid, Zugaitz Izaguirre y Carlos Moisés Martín, mientras que para Regina Maiztegi, Mikel Garayondo, Maider Eguiguren, Alberto González, Gorka Iriarte, Galder Bilbao, Iker Casanova, Arantxa Martín y Francisco Gil, solicita siete años de cárcel por colaboración con banda armada.
Todos fueron procesados en septiembre de 2005 por el magistrado Fernando Grande-Marlaska y, posteriormente, en junio de 2006, puestos en libertad tras haber abonado fianzas de 30.000 euros.
Según el escrito, el aparato militar de ETA está subdividido en "sub-aparatos de captación", cuya función es reclutar a nuevos miembros y "sub-aparatos de información", que facilita información sobre posibles objetivos de la banda, actividades que los acusados desarrollaron en Navarra y en las tres provincias vascas.
Las actividades de captación, según el fiscal, eran realizadas en Navarra por Indakoetxea -de quien insiste en su "plena integración en ETA" y su constante relación con sus responsables mediante citaciones en Francia- y López Cid, a quien se intervino material que "viene a confirmar" su vinculación con la banda.
Mientras, en Guipúzcoa formaron parte de su aparato de captación, sostiene el fiscal, Izaguirre, que también fue miembro de Jarrai y HB entre 1997 y 1999, y Carlos Moisés Martín, que además posee otras causas abiertas en la Audiencia Nacional por el ametrallamiento de la comandancia de la Guardia Civil en San Sebastián y la colocación de una bomba en los juzgados de Tolosa y Azpeitia en 1996.
Por su parte, Maiztegi fue "captada" en 2000 por "Susper", a quien proporcionaba información del ayuntamiento de Soraluce, del que ella fue concejal de Euskal Herritarrok (EH) tras las elecciones de 1999, al tiempo que le puso en contacto con el también acusado Mikel Garayondo.
Eguiguren y González, señala el fiscal, colaboraron con ETA repartiendo cartas entre los miembros de la misma en Guipúzcoa, mientras Iriarte "formaba parte de la infraestructura de ETA en Vitoria como 'gente de confianza' de la organización 'en caso de necesidad o ayuda'".
Por último, el fiscal indica que operaban como colaboradores en Vizcaya Casanova, Martín, Gil y Bilbao, de quien asegura que recibía "instrucciones de ETA procedentes de Francia" sobre el tratamiento que debía dar en la emisora en la que trabajaba a los partidos políticos del País Vasco y del departamento de los Pirineos Atlánticos del país galo.

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