La nieta número 99 identificada por las Abuelas de Mayo había sido enterrada como "NN"

Las Abuelas de Plaza de Mayo han identificado los restos de la hija de una pareja asesinada durante la última dictadura (1976-1983) y sepultada como "NN" (desconocido), con lo que suman 99 los casos de nietos desaparecidos cuyo paradero fue esclarecido. "Lamentablemente en este caso se trata del hallazgo de los restos de Mónica Santucho, desaparecida el 3 de diciembre de 1976 junto con sus padres, Catalina Ginder y Heldy Santucho, cuando tenía 14 años", precisó hoy el organismo humanitario en un comunicado.
"Mónica es una muestra más del accionar de los genocidas que, además de secuestrar y robar bebés, asesinaron niños y adolescentes que por su edad no podían ser apropiados", se lamentaron las Abuelas, que trabajaron en este caso con el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Recordaron que cuando los militares la secuestraron junto a sus padres, Mónica "logró esconder a dos hermanos en un recipiente recolector de basura que se encontraba cerca de su casa".
"Sus padres fueron asesinados en el operativo. Ella no pudo escaparse. Fue mantenida cautiva durante tres meses en diferentes cárceles clandestinas y luego asesinada", apuntaron.
Las Abuelas reconstruyeron la historia gracias al testimonio de sobrevivientes del terrorismo de Estado, quienes detallaron que al menos hasta el 15 de enero de 1977 la entonces adolescente permaneció viva.
El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que la joven fue inhumada como "NN" (desconocido) en una fosa común de un cementerio de las afueras de Buenos Aires entre enero y febrero de ese año.
Por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo, unos 3.300 jóvenes argentinos han acudido a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para investigar su procedencia, debido a que se calcula que unos 500 bebés fueron robados a sus padres durante la dictadura militar.
Según cifras oficiales, unas 18.000 personas desaparecieron durante el último Gobierno de facto en Argentina, aunque las entidades de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a 30.000.