23 agentes de la CIA condenados en Italia

Un tribunal de Milán condenó hoy a penas de entre ocho y cinco años de prisión a veintitrés de los veintiséis agentes de la CIA estadounidense imputados por el secuestro del imán Abu Omar en 2003, cuando salía de su residencia en esa ciudad del norte de Italia. En la sentencia del primer caso de los llamados "vuelos de la CIA" que se juzga en Europa, el magistrado Óscar Magi también señala que no ha lugar el procedimiento contra el ex director de los servicios secretos de Italia (SISMI) Niccolò Pollari ni contra su antiguo número dos, Marco Mancini, en virtud del secreto de Estado del país.
La pena máxima de prisión dictada por la corte milanesa, de ocho años, fue para un alto mando de la CIA en Milán, Robert Seldon Lady, para quien el fiscal había pedido doce años de reclusión, mientras que sobre los otros veintidós condenados recayeron cinco años de cárcel.
De los veintiséis agentes de la CIA imputados, declarados en rebeldía al no presentarse al proceso y acusados de un delito de participación en un secuestro de persona agravado, tres de ellos -Jeff Castelli, Betnie Medero y Ralph Russomando- fueron absueltos por gozar de inmunidad diplomática.
El pasado 30 de septiembre, el fiscal italiano Armando Spataro había solicitado penas de entre 10 y 13 años de cárcel para los imputados por un proceso que comenzó el 8 de junio de 2007 y que tuvo que ser interrumpido en numerosas ocasiones por la posible vulneración del secreto de Estado de Italia.
En marzo pasado, el Tribunal Constitucional italiano consideró que fue violado ese secreto de Estado por los jueces que investigaron el caso del imán, secuestrado cuando salía de su casa y trasladado posteriormente a Egipto, donde fue encarcelado y supuestamente sufrió torturas.
Esta violación del secreto de Estado es la que esgrimieron algunos imputados, entre ellos Pollari, para solicitar que se suspendiera la causa, pero el juez Magi rechazó esta petición y decidió que siguiera adelante el proceso hasta este miércoles.
Precisamente Pollari fue absuelto hoy en virtud a ese secreto de Estado en el que se basó la investigación del caso y al que se ha podido acoger además Mancini, para los que el fiscal había solicitado penas de 13 y 10 años de prisión, respectivamente, pero que finalmente no fueron condenados.
El juez Magi obligó además a todos los condenados a pagar, como medida provisional, a la mujer de Abu Omar 500.000 euros y estableció que ese resarcimiento económico será liquidado en sede civil.
Según la teoría mantenida por el fiscal de Milán en las audiencias previas, los servicios secretos italianos, dirigidos entonces por Pollari, no sólo ofrecieron cobertura a la CIA en el secuestro de Abu Omar, sino que participaron en él.
Los denominados "vuelos de la CIA", por los que hoy han sido condenados en Italia 23 antiguos agentes secretos de EEUU, es uno de los controvertidos episodios relacionados con la guerra contra el terrorismo iniciada por la administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El caso estalló a finales de 2005, cuando el "Washington Post" informó de que la CIA mantenía una red de centros de detención secretos, repartidos en al menos ocho países, entre ellos algunas "democracias del Este de Europa", donde más de un centenar de sospechosos de terrorismo habrían sido interrogados.
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch no tardó en señalar directamente a Polonia y a Rumanía. Se multiplicaron entonces las informaciones respecto a que decenas de aviones de la CIA con supuestos terroristas detenidos irregularmente habrían surcado el espacio aéreo europeo e, incluso, hecho escala en su recorrido hacia países donde se practica la tortura.
El asunto alcanzó a un gran número de países europeos, entre ellos España, donde aviones de la CIA habrían utilizado los aeropuertos de Canarias y Baleares para hacer escala.
Ningún Gobierno europeo -salvo Bosnia Herzegovina- reconoció abiertamente su implicación y casi un año tardó Washington en admitir la existencia de estas cárceles secretas.
Fueron varios, sin embargo, los países que abrieron investigaciones parlamentarias sobre las presuntas actividades de la CIA en sus territorios, entre las que figuraban el secuestro de un presunto terrorista egipcio en Italia y de un alemán en Macedonia.
En el ámbito europeo, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo promovieron también sus propias investigaciones.
El 7 de junio de 2006, el ponente de la investigación promovida por el Consejo, Dick Marty, presentó su primer informe, según el cual catorce países participaron en traslados "ilegales" de presuntos terroristas en vuelos de la CIA a cárceles secretas.
La investigación atribuía a Polonia y Rumanía la posibilidad de albergar centros ilegales de detención. Y citaba a España, Alemania, Chipre y Turquía como "plataformas" de vuelos.
El informe clasificaba además a Irlanda, Reino Unido, Portugal, Grecia e Italia como "escalas" europeas en los vuelos de "transferencia ilegales" y añadía como "puntos de embarque puntual" aeropuertos de Suecia, Macedonia y Bosnia, entre otros.
A tenor de ello, la Asamblea Parlamentaria del Consejo aprobó el 27 de junio de 2006 una resolución en la que instaba a crear un nuevo orden jurídico internacional.
Un año después, el 8 de junio de 2007, Marty presentó un segundo informe en el que sugería la existencia de otros centros de detención en territorio británico y Tailandia. Asimismo, acusaba a la OTAN de dar permisos "secretos" que permitieron operaciones ilegales y apuntaba que Alemania, Italia y Macedonia habían obstaculizado investigaciones.
La existencia de los presuntos vuelos y cárceles clandestinas fue investigada también por el Parlamento Europeo, que computó al menos 1.245 vuelos en aeropuertos de la UE entre septiembre de 2001 y finales de 2005 y encarcelamientos fuera de EEUU de sospechosos de terrorismo que afectaron a 21 ciudadanos europeos.
La Eurocámara condenó como "ilegal" esta práctica y censuró que en varias ocasiones los servicios secretos y las autoridades de algunos países europeos como Italia, Reino Unido, Suecia y Austria participaran en sus interrogatorios.
Siete meses antes, el 6 de septiembre de 2006, Bush ya había admitido la existencia de detenciones en cárceles secretas de la CIA, y lo justificó como una medida para mejorar la seguridad de su país y la de sus aliados.