Clarín y los Kirchner: ¿quién pagó para montar el circo fiscal...?

Entre Clarín y los Kirchner, la batalla está abierta y las consecuencias para la sociedad argentina entera resultan difíciles de adivinar. En un escenario sociopolítico enrarecido, los observadores coinciden en señalar que el uso de los medios de comunicación para defender intereses extra periodísticos es igual de peligroso que la hostilidad abierta contra un periódico por parte de los poderosos de turno. El operativo dispuesto el jueves por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las oficinas del Grupo Clarín se convirtió, para muchos, en un combate visible de una batalla de larga data: la que libra el poderoso multimedios con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los voceros de la AFIP se apuraron a declarar que se trataba de un operativo de rutina, en el que los "sabuesos" buscaron papeles reveladores para demostrar o descartar irregularidades impositivas.
Para el diario, la entrada en masa del "pelotón fiscal" fue suficiente justificativo para hablar de una campaña intimidatoria de la que sólo el gobierno podría ser responsable. Aunque no informaron que los domicilios particulares de varios de los directivos del grupo fueron virtualmente allanados por los inspectores fiscales, objetivo real del procedimiento.
Como ocurre en Argentina desde hace tiempo, cada vez que se trata un proyecto controvertido en el que los intereses de los gobernantes y los empresarios mediáticos se dan de narices, las noticias corrieron de inmediato pero teñidas con opiniones extra periodísticas y plagadas de contradicciones y acusaciones cruzadas.
El editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, calificó al operativo de "maniobra de acoso" por las frecuentes investigaciones sobre el gobierno que publican en sus páginas.
"El operativo tuvo claramente un objetivo, el de intimidarnos y amenazar, de manera virtual, nuestra libertad de expresión", denunció el editor.
Desde la Casa Rosada, en tanto, hubo una intención explícita de tomar distancia de la requisa.
"Vamos a investigar a quienes pagaron para hacer esta pantomima", anticipó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Todo en torno de este operativo tuvo carácter inusual y, paradójicamente, Clarín y el gobierno parecen estar juntos en la cruzada de encontrar "culpables".
El máximo responsable de la AFIP, Ricardo Echegaray, aseguró que el allanamiento se había realizado sin su consentimiento y el mismo jefe de Gabinete se apuró a aclarar que "sería de estúpidos haberlo organizado para después aparecer en la tapa del diario".
Para Clarín, es precisamente esa reacción, esperable de un medio de prensa que de repente se convierte en protagonista de la noticia, lo que habría disparado la acción: con un operativo estruendoso, resulta impensable que sus responsables no calcularan que inmediatamente se convertirían en el titular del día y eso -para el conglomerado mediático- es un acto de exhibicionismo del poder y un mensaje abierto sobre un enfrentamiento en escalada.
Sin embargo, analistas consultados por BBC Mundo señalan que la maniobra debe ponerse en perspectiva: los cruces entre el periódico y los funcionarios son parte de una estrategia de confrontación más amplia, que las dos partes estudian y ejecutan por igual.
No es ésta una batalla de carácter ideológico, sino una en la que se mezclan fuertes intereses económicos con ambiciones de poder e influencia.
El Grupo Clarín, una de las empresas más poderosas de Argentina, tiene intereses creados mucho más allá del mercado mediático. Según el balance de 2008, su facturación supera los US$2.000 millones, con ganancias de unos US$500 millones.
Tiene bajo su órbita -además de al diario de mayor circulación en el país- a dos grandes operadoras de TV por cable, uno de los principales canales de aire, numerosas radios y una capacidad de moldear opinión que no miden las estadísticas.
Clarín mantuvo una actitud conciliadora durante la presidencia de Néstor Kirchner, esposo y antecesor de Cristina Fernández, pero disparó su antagonismo a partir del conflicto del actual gobierno con el sector agropecuario, desde marzo de 2008.
La respuesta de los Kirchner no se hizo esperar. La presidenta y sus funcionarios respondieron a las críticas del matutino en múltiples discursos. Tanto, que la interpelación "¿Qué te pasa, Clarín… está nervioso?", lanzada por el ex mandatario justo antes de las elecciones legislativas de junio, se ha incorporado ya al habla coloquial de los argentinos.
Los observadores señalan que el ex mandatario impone su estilo en la confrontación con el periódico: el de avanzar hasta el final contra sus "enemigos", con cualquier instrumento que tenga a la mano.
En las últimas semanas, dos decisiones del gobierno se sintieron como estocada en las entrañas del multimedios.
Por un lado, el anuncio del "Fútbol gratis para todos", que implicó la "estatización" de las transmisiones de los partidos de la liga local, en detrimento de un contrato de exclusividad por los derechos televisivos que tenía firmado la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), en la que Clarín tiene participación.
Pero el principal foco de conflicto es el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un complejo documento impulsado por el oficialismo que, de aprobarse, impondría cambios de fondo en el negocio de Clarín.
En uno de sus artículos, la propuesta prohíbe que un mismo dueño tenga un canal de televisión abierta y otro de cable en la misma zona del país, lo que obligaría al Grupo a desprenderse de Canal 13 o bien resignar el redituable negocio de la TV por cable, en menos de un año.
Asimismo, la ley permitiría la llegada al mercado del cable de nuevos competidores, entre ellos grandes telefónicas como Telmex o Telecom.
Alianzas impensables
Así, la ley de radiodifusión no sólo enfrenta a Clarín con los Kirchner: el debate del proyecto, que el gobierno quiere pasar por el Congreso antes de diciembre, involucra a muchos otros actores y permite delinear alianzas impensables.
Incluso medios otrora críticos de la tendencia a la concentración de Clarín, o figuras de la oposición que han sido denostadas desde las páginas del mismo periódico, defienden de a ratos las jugadas de este gigante mediático. Reclaman que, con la nueva norma, el gobierno no haría sino aumentar el intervencionismo y el control de emisoras y contenidos.
Otros, en cambio, aseguran junto al oficialismo que es hora de renovar una vetusta ley vigente desde el régimen militar (1976-1983) y que, al final del día, el proyecto ayudará a acabar con los oligopolios y descentralizar el sistema de medios. Otros van más allá: "este circo lo pagó Clarín o el gobierno, hay que esperar, se va a saber quién fue..."