Honduras: golpistas dicen que protestas están financiadas por guerrilla colombiana y aumenta la represión

El gobierno de facto hondureño de Roberto Micheletti extremó la represión policial y judicial contra los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya, cuyas presiones para restituirlo se han intensificado en los últimos días. Coreando consignas como "Fuera Micheletti", miles de manifestantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe volvieron a las calles el jueves, pese a los encontronazos de esta semana con las fuerzas policiales y militares antimotines. Las principales víctimas de los enfrentamientos registrados en los últimos días han sido los negocios de comidas rápidas, propiedad de hondureños con franquicias compradas en Estados Unidos. Durante los enfrentamientos han sido golpeados algunos policías y decenas de manifestantes. Uno de ellos es el diputado del partido de izquierda Unificación Democrática (UD), Marvin Ponce, quien fue hospitalizado tras ser golpeado a patadas y garrotazos el miércoles en el centro de la capital. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes se han registrado en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, situada en la región norte; Copán (noroeste), Comayagua (centro) y Olancho (este). En conferencia de prensa, el presidente de facto denunció que la guerrilla colombiana financia esas protestas. "Hay un partido político reconocido que recibe apoyo económico de las FARC y hay una organización de trabajadores que también recibe dinero de las FARC. Tenemos las pruebas, se enviaron desde Colombia y en su momento, nosotros las vamos a publicar", afirmó Micheletti. Además, Micheletti reiteró que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza no es bienvenido en su país. La policía reconoció haber detenido a 27 personas en las manifestaciones y a 95 en la Universidad Pedagógica Nacional, donde pernoctan los manifestantes llegados del interior del país a la capital, tras encontrar, según las fuerzas de seguridad, trece bombas molotov y seis explosivos caseros. Según la Policía, los explosivos fueron fabricados en los laboratorios de la facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuya rectora, Julietta Castellanos, aclaró que la instalación está cerrada desde hace más de un año a raíz de un incendio. La coordinadora de fiscales, Danelia Ferrera, anunció que las autoridades preparan requerimientos fiscales contra algunos de los protagonistas de "manifestaciones violentas" para determinar "responsabilidades". Pero también la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, informó que investigan "establecer si ha habido o no el uso desproporcionado de la fuerza" por parte de los militares y policías encargados de la represión. "Definitivamente este problema altera la mente de los buenos hondureños. La dictadura de Hugo Chávez que creía que tenía conquistado Centroamérica a través de títeres, se encontraron con una piedra en el zapato", afirmó a AFP el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Eduardo Facussé. El líder industrial reconoció que la crisis política ha socavado la economía, "que ya estaba en problemas con la crisis mundial, el despilfarro del gobierno anterior y esta crisis que ahuyenta la inversión". Mientras tanto, el presidente depuesto Zelaya continúa su gira para intentar aumentar la presión internacional contra el gobierno que lo derrocó, y se reunió en Chile con la mandataria chilena, Michelle Bachelet. Esa presión se sintió desde el otro lado de los Andes, cuando el Gobierno argentino cesó en sus funciones a la embajadora de Honduras, Carmen Eleonora Ortez Williams, por haber apoyado el golpe de Estado. Por su parte, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará el próximo lunes una visita a Honduras para recabar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos tras el golpe de Estado del 28 de junio, informó el jueves un comunicado.