Buenos Aires: fuerza de choque impedirá piquetes en la ciudad

Lo confirmó el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Explicó que la Policía actuará cuando una marcha impida la circulación. Además, intervendrá en casos de hurtos, daños y usurpaciones, delitos a cargo de la Justicia de la Ciudad. La puesta en funciones de la Policía Metropolitana, que en octubre saldrá a la calle con 850 agentes, traerá seguramente varias discusiones. Pero hay una que ya se empieza a plantear: el Gobierno porteño aseguró que usará la nueva fuerza para impedir piquetes. Así se lo confirmó a Clarín el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro: "Si hay una orden judicial para desalojar una calle se tiene que cumplir. Por supuesto, primero la Policía debe buscar el diálogo con los manifestantes para que no bloqueen totalmente la circulación. Pero el problema es que hay órdenes de jueces y fiscales que no se están respetando". Montenegro también afirmó: "Esto no quiere decir que queremos el conflicto, pero hay que poner orden. La falta de respeto a la ley ha hecho muy complejo moverse por la Ciudad". Estas declaraciones confirman lo que el mismo Mauricio Macri repitió en su campaña electoral: que es necesario controlar el espacio público y ponerle un límite a los piquetes. La flamante fuerza actuará en todos los casos de contravenciones (hurtos, daños, usurpaciones, ocupaciones), que competen a la Justicia porteña. En el caso de los piquetes, serán de su competencia porque se trata de una contravención a las leyes de la Ciudad. Claro que el accionar de la Metropolitana deberá atenerse a la ley. El artículo 78 del Código de Contravenciones establece: "Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de $ 200 a $ 1.000". Pero agrega que "el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse sus indicaciones respecto al ordenamiento". Básicamente, no se viola el derecho a manifestarse, pero se exige cierto orden. En la Ciudad comentaron que con pedir permiso 48 horas antes es suficiente para preparar los operativos de tránsito. Pero en ningún caso ese permiso puede ser para bloquear por completo una calle, como suele verse. En general la postura es que los manifestantes dejen libre al menos un carril en una calle o dos en avenidas. El problema eterno surge en la relación con la Policía Federal. Según la Fiscalía General Contravencional porteña, los agentes deben garantizar la circulación e informar a los fiscales. Pero en el Ministerio de Seguridad y Justicia nacional, al menos cuando su titular era Aníbal Fernández, decían que la Policía sólo podía actuar tras una orden del fiscal de turno. El brutal asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por parte de la Policía Bonaerense, el 26 de junio de 2002 en Avellaneda, fue un punto de inflexión en la política de control de las manifestaciones. Si hasta ese momento a veces había enfrentamientos, desde entonces fueron muchos menos. Desde la presidencia de Néstor Kirchner la política es no reprimir, a tal punto que los policías de los operativos no llevan armas. Uno de los pocos antecedentes que se recuerdan de una vía pública liberada de un piquete en los últimos años fue cuando la Gendarmería levantó el corte de Alfredo De Angeli y productores rurales en Entre Ríos, en pleno conflicto entre el Gobierno y el campo. No hay que olvidar que muchas organizaciones piqueteras están políticamente cerca del kirchnerismo. Pero sí hubo un cambio en el castigo posterior para quienes interrumpen la circulación sin permiso en la Ciudad. En noviembre de 2007, el fiscal general Germán Garavano dio la orden de que ante un corte, la Policía identificara a los organizadores con fotos y filmaciones para luego iniciarles una causa contravencional. Por esa decisión crecieron los procesos abiertos. De las 400 causas de 2007 se pasó a 600 el año pasado, y en el último semestre se abrieron 350. Algunas fueron bastante conocidas, como la que derivó en el procesamiento de Luis D'Elía por una marcha del 7 de mayo. Pero la mayoría de las causas termina en una probation (actividades comunitarias), como la que hicieron 11 sindicalistas