La BBC se pregunta cómo hay uruguayos que cobran sueldos sin ir a trabajar

Unos 165 funcionarios públicos uruguayos cobran su sueldo sin ir a trabajar, algunos desde hace 10 años. Se trata de empleados excedentarios, cuyas funciones ya no son requeridas en el organismo o empresa pública donde fueron contratados. "El problema es que hay una legislación que los ampara", dijo a BBC Mundo Enrique Rubio , director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), unidad que asesora al Poder Ejecutivo sobre la reforma del Estado, entre otras cosas. Una ley de presupuesto aprobada en 1996 buscaba que aquellas personas que quedaran sin funciones específicas tras una reestructuración pudieran ser llamadas para trabajar en otras dependencias públicas de forma transitoria, y así evitar la contratación de nuevos funcionarios. Sin embargo, sólo 30 funcionarios públicos volvieron a trabajar durante un año y luego volvieron a cobrar sin trabajar, según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Las 165 personas que reciben su salario sin realizar funciones cobran entre US$90 y US$260 por mes. Esta revelación volvió a centrar la atención de los uruguayos en las diferencias que existen entre los empleos públicos y los privados, y en el tamaño del Estado. "Lo que hay que hacer es achicarlo y con ello, el gasto que genera", señaló a BBC Mundo Guillermo Fernández Botti, un ciudadano que dijo no verse sorprendido por la noticia de los funcionarios que cobran sin trabajar. "Nadie habla bien de los empleados públicos. Ganan bien, tienen muchos beneficios pero atienden mal al público", respondió por su parte Andrea Méndez.

Sueño de muchos

El sociólogo Eduardo Bottinelli le dijo a BBC Mundo que "en Uruguay hay una especie de contradicción: todo el mundo quisiera ser empleado público y la mayoría de la población está a favor de las empresas públicas, pero hay quejas por la cantidad de funcionarios y a veces por el maltrato, que puede ser un mito o no de que en las oficinas públicas tratan mal a la gente". Según una encuesta realizada a principios de este año por Accor Services y la encuestadora uruguaya Factum, donde trabaja Bottinelli, seis de cada 10 trabajadores quisieran pasar del ámbito privado al público. Los motivos principales son la estabilidad laboral que ofrecen las entidades del gobierno, así como mejores sueldos y beneficios. El problema es que hay una legislación que los ampara. Uruguay es el país de la región que tiene el mayor número de empleados gubernamentales respecto a su población. El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2008, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que el 5,9% de la población uruguaya tiene un empleo público, seguido, por Bolivia con 3,2% y Paraguay con 2,9%.

Mejores sueldos, mucho gasto

La tercera parte del gasto público del país se destina a sueldos, según un informe del Comité Ejecutivo Para la Reforma del Estado (CEPRE), de 2005. El documento, titulado "Remuneraciones en el sector público y privado: el caso de la Administración Central en Uruguay", señala que los sueldos son más altos que en el sector privado. El 90% de los funcionarios públicos que pueden ser comparados con empleados privados porque sus tareas son similares, gana entre 20% y 66% más, indica el informe. El caso más llamativo, en la que se vio el afán de miles de uruguayos por obtener un empleo público, se dio hace unos meses, cuando el Senado de la República hizo una convocatoria para contratar ocho cadetes y asistentes de cafetería y biblioteca y se presentaron 30.000 personas. ¿El motivo? Sueldos de más de US$1.000, que superan en unas tres veces o más lo que se paga en el sector privado. Hace unos tres años, 4.000 jóvenes se postularon para llenar 18 puestos de asistentes de lavandería del Banco de Seguros del Estado. Se pagaba hasta dos y tres veces más de lo que cobra un maestro o un policía. ¿Cómo se explica esa disparidad salarial? ¿Quién define lo que gana un empleado público? Rubio, director de la OPP, dijo a BBC Mundo que "hemos heredado una situación de absoluta inequidad. Hemos recomendado a los organismos que dependen del Poder Ejecutivo que desestimulen ese tipo de pirámide salarial. Eso genera conflictos, lleva tiempo, pero hemos procurado hacer una reestructuración en materia salarial de las empresas públicas. El Poder Legislativo se autoregula, por lo que ahí no podemos incidir", explicó.

Trabajo "asegurado"

Ariela Benc es ingeniera de sistemas y trabaja en el Banco de Seguros del Estado. Entiende que, al menos en su profesión, podría "ganar más en un lugar privado pero también hay que trabajar más. Acá uno sabe qué día va a cobrar el sueldo, siempre se respeta y se paga en fecha, y hay otros beneficios como guarderías, clubes deportivos a menor costo. Lo mejor es el horario porque en mi caso trabajo seis horas y media al día". Sin embargo, lo que la mayoría de los encuestados por Factum destacan como principal atractivo de la función pública es la inamovilidad, la imposibilidad de ser despedido salvo casos extremos. "Lo mejor de ser empleada pública es la seguridad. Yo viví lo que es quedarse sin trabajo porque mi padre trabajó 28 años en un banco y se quedó sin empleo de un día para el otro, por lo que para mí la seguridad es muy importante", dijo Benc. Bottinelli explicó a BBC Mundo que más de una cuarta parte de los uruguayos tiene como principal preocupación profesional la garantía de conservar el empleo. "Esto tiene una construcción histórica y social que viene de principios de Siglo XX, donde se formó el Estado de Bienestar, clave para entender por qué Uruguay es tan estatista", afirmó el experto. El presidente José Batlle y Ordoñez, en el período conocido como Batllismo, nacionalizó grandes empresas y creó monopolios que en algunos casos siguen existiendo. Durante su mandato se formó el aparato burocrático del Estado y se aprobaron leyes sociales que beneficiaron a los trabajadores, como la reglamentación de la jornada de ocho horas y los seguros de desempleo. "Antes de la década del ’70 el Estado fomentaba el trabajo nacional y reglamentado", explicó Bottinelli. "En la década del 70 cuando empiezan a aplicarse los modelos más liberales, se pierde esa garantía que daba el Estado y empieza a haber más trabajo informal e inestabilidad. En 2002, la crisis que afectó a la región disparó los niveles de desempleo y profundizó el miedo a perder el trabajo", indicó.

No más salarios regalados

Rubio dijo que desde 2008 está vigente una nueva legislación que busca evitar que se repitan los casos en los que empleados públicos que queden sin tareas específicas continúen cobrando sus sueldos. "En el marco de las restructuraciones, los funcionarios que no estén de acuerdo con el perfil y la capacitación que se requiere para un puesto podrán ser recapacitados, o se les dan distintas alternativas. Si no adopta ninguno de los caminos entonces se produce el cese por supresión de cargo, con la compensación que estipula la ley en materia de despido", agregó. Los 165 trabajadores que continúan cobrando sin trabajar seguirán en esa situación. "No tenemos solución jurídica porque la nueva legislación no es retroactiva, no la podemos aplicar hacia atrás", explicó Rubio.