Uruguay: juez pide ayuda a las tefónicas para saber si 135 estudiantes de Medicina copiaron un examen

Un juez de paz uruguayo pidió a las operadoras de telefonía Claro y Antel que aporten datos sobre sus clientes en una investigación a 135 alumnos de la facultad de Medicina de la Universidad de la República acusados de copiar en un examen a través de mensajes de texto. Esta petición, que la universidad pública ya realizó en 2007 sin éxito, se encontró con la negativa de la empresa pública Antel, cuyo presidente, Edgardo Carvalho, afirmó que solo dará los registros de llamadas de los usuarios involucrados si existe una resolución judicial firme al respecto. El caso surgió en junio de 2006, cuando los profesores del examen práctico de biología tisular advirtieron que súbitamente los alumnos pasaron a dar respuestas correctas y similares en una de las preguntas, en la que destacaba la aparición de un término médico de poco uso que apenas había surgido en exámenes anteriores. Así, el Consejo de la facultad resolvió anular las 135 pruebas e iniciar una investigación administrativa ante la sospecha de que alumnos que ya habían aprobado enviaron las respuestas por mensaje de texto a sus compañeros mientras rendían el examen. Desde 2007, el centro educativo pidió información sobre el contenido de los mensajes recibidos en los celulares de los alumnos sospechosos a las tres compañías telefónicas que operan en el país, Telefónica, Antel y Claro. De estas empresas, solo Telefónica entregó en 2008 los datos de esos mensajes, mientras que Antel y Claro se negaron aduciendo que es una violación "flagrante" de la intimidad y contra la vida privada de sus clientes. Sin embargo, la jueza de Paz Leslie Ferrand entendió hoy que el secreto de las comunicaciones cae cuando hay una orden judicial y que la orden de su juzgado obliga a Antel y a Claro a cumplirla. Por el contrario, la empresa telefónica aduce que la entrega de esa información no tiene como destino un proceso judicial sino uno administrativo iniciado por la universidad, lo que carece "de rigor jurídico y de fundamento de derecho". Para el centro educativo, sin embargo, esta negativa de Antel no solo supone una "obstaculización en la investigación", sino que además quita peso a la "gravedad de los hechos" y a la "gran irregularidad" cometida por los alumnos que sin duda "ameritaría una sanción".