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CAUSA ABIERTA

Familiares de víctimas de la dictadura rechazan el indulto a los militares chilenos

Familiares de víctimas de la dictadura rechazan el indulto a los militares chilenos

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en Chile rechazó hoy la posibilidad de que se otorguen indultos a militares responsables de violaciones a los derechos humanos, en respuesta a una propuesta de la Iglesia católica. "Pensemos en el futuro de un 'nunca más' y eso significa asegurar que en Chile no va a haber perdonazo, indulto, impunidad para quienes se volvieron contra la sociedad toda al amparo del Estado", afirmó Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD. En declaraciones a Radio Cooperativa, Pizarro pidió a La Moneda (Ejecutivo) tener un pronunciamiento claro de rechazo ante el tema, porque "no es antojadizo, es porque estamos hablando de delitos gravísimos". El pasado 11 de julio la Conferencia Episcopal chilena anunció la presentación de una iniciativa al Ejecutivo y al Congreso para indultar en 2010 a los mayores de 70 años, los enfermos terminales, las madres con hijos pequeños y los reclusos por delitos menores. Posteriormente, la presidenta Michelle Bachelet se mostró abierta a estudiar la inclusión de represores condenados por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la ministra portavoz, Carolina Tohá, precisó que el Ejecutivo no era partidario de indultar a estos últimos. La presidenta de la AFDD recordó que el juez Alejandro Solís hace dos semanas procesó a agentes de la dictadura (1973-1990) por la causa de trece desaparecidos en Villa Grimaldi y en su resolución estableció que uno de ellos fue crucificado. "De ese tipo de sujetos estamos hablando", enfatizó Pizarro. En la actualidad, hay en Chile unos 60 antiguos represores condenados y alrededor de 700 procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de Augusto Pinochet. La propuesta de la Iglesia católica empezó a gestarse a finales de 2008, cuando la capellanía de Gendarmería (Servicio de Prisiones) inició un estudio para definir qué delitos y qué personas podrían recibir los beneficios penitenciarios.

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