Guatemala juzga a ex paramilitar por 6 desapariciones forzadas

La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, abrió las puertas para juzgar a un ex paramilitar, acusado de seis desapariciones forzadas entre 1982 y 1984, informó una fuente humanitaria. El pasado viernes, la CC desestimó un recurso de apelación que había presentado en marzo de 2008 a través de su abogado el ex comisionado militar Felipe Cusanero, y hoy le notificó la resolución al querellante adhesivo del caso, la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua). La titular de Famdegua, Aura Elena Farfán, dijo en rueda de prensa que la resolución "histórica" de la CC, dejó abiertas las puertas para juzgar, por primera vez en Guatemala, casos de desapariciones forzadas durante el conflicto armado (1960-1996). Cusanero, quien está en libertad bajo fianza, es acusado de la desaparición forzada de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay, entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984. Las desapariciones ocurrieron en la aldea Choatalum, del municipio de San Martín Jilotepeque, en el departamento occidental de Chimaltenango. La acusación penal en contra del ex paramilitar fue presentada el 9 de junio de 2003 ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango por familiares de los seis desaparecidos, y desde febrero de 2004 Famdegua actúa como querellante adhesivo. El abogado de los familiares de las víctimas, Edgar Pérez, dijo en la misma rueda de prensa que Cusanero ha intentado frenar al juicio oral y público en su contra por medio de recursos antes los tribunales. Sin embargo, afirmó que la resolución de la CC, que es definitiva, abrió las puertas para que el Juzgado de Chimaltenango anuncie la fecha para el juicio, una vez reciba la notificación de la Corte. Pérez explicó que ésta es la primera vez en Guatemala que se juzgarán en los tribunales de este país centroamericano casos de desapariciones forzadas. "La resolución nos abre las puertas para seguir exigiendo justicia y la aparición de nuestros familiares", enfatizó Farfán. Por su parte, el titular del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Mario Minera, explicó que además del juicio a Cusanero, el Estado deberá asumir la responsabilidad por la desaparición de los seis indígenas y hacer una reparación a los familiares porque el acusado fue un agente del Estado. Durante los 36 años de conflicto armado que sufrió Guatemala, según dijo Farfán, ocurrieron 45.000 desapariciones y todos los casos se mantienen en la impunidad. La activista también manifestó que "es frustrante" que después de 25 años de lucha, aún no se haya conformado una Comisión para la búsqueda de los miles de desaparecidos en Guatemala.