Uruguay: la justicia falló a favor de famoso contratista de fútbol y ahora investiga a Impositiva

El archivo de la denuncia penal de la DGI contra Francisco Casal será usado por el empresario en la demanda civil por la que fue embargado. Además, un juzgado contra el crimen organizado investigará si jerarcas de la DGI cometieron delito. Ayer, el juez penal Carlos García notificó a los integrantes del Grupo Casal a quienes la Dirección General Impositiva (DGI) denunció por defraudación tributaria, de que el caso fue archivado y una copia del expediente enviada a uno de los dos juzgados especializados contra el crimen organizado. El trámite de la denuncia penal que la DGI presentó contra Francisco Casal y otros empresarios de su entorno tuvo un desenlace inesperado y negativo para esa institución. Su gestión en el expediente administrativo referido al principal contratista del fútbol uruguayo será indagada por un magistrado especializado contra el crimen organizado, y elementos del expediente favorables a Casal serán incorporados al juicio civil en el que la DGI le reclama el cobro de millones de dólares y por el que fue embargado. En el entorno de Casal lo primero que se valora es que quedó atrás esa espada de Damocles sobre la cabeza del empresario, que implicaba la posibilidad de su procesamiento y prisión debido a la denuncia penal de la DGI. Pero, además, se considera que la resolución de la Justicia Penal, y en especial la vista de la fiscal del caso Dora Domenech, aportará elementos de peso para defender la posición de Casal en el expediente civil. Fuentes cercanas al contratista dijeron a El País que los argumentos de la Justicia Penal serán incorporados al expediente civil y que para sus abogados pueden tener gran incidencia en la decisión final del juicio. Que un juzgado penal haya expresado que no hubo dolo, engaño ni defraudación en las ventas de jugadores al exterior concretadas por Casal son elementos sustanciales para el juicio civil, afirman en el entorno de Casal. Si bien la fiscal no se pronuncia respecto a si Casal debe pagar o no los impuestos que pretende la DGI -puesto que eso lo definirá la Justicia Civil o el TCA-, en el escrito en que pide el archivo de la denuncia afirma que no hubo actos engañosos en la separación de bienes federativos y económicos de los jugadores -lo que sostiene es una práctica habitual impuesta a nivel mundial-, como tampoco configura engaño el hecho de usar sociedades anónimas panameñas. La fiscal también menciona la posición en el mismo sentido de varios catedráticos, cuyas consultas fueron presentadas por Casal. Incluso, Domenech agrega que no es solo opinable la aplicación del IRIC a los pases de jugadores, sino que para los legisladores que en 2001 aprobaron la normativa vigente los pases de los futbolistas no estaban gravados. "Obviamente, surge entonces de autos un cuestionamiento de tal magnitud relacionado con la interpretación de la norma, que se torna verosímil que los involucrados pudieran haber tenido certeza de que no les correspondía tributar en la forma ahora reclamada", expresa la fiscal. A todo esto se suma la indagatoria sobre la gestión de la DGI que realizará un juzgado contra el crimen organizado, debido a los seis años que insumió el proceso administrativo en definir si Casal debía o no tributos. Esa investigación puede repercutir en una reducción significativa del monto que se reclama a Casal o incluso en la nulidad de todo el proceso administrativo de la DGI, destacaron las fuentes. Otra puerta que se abre para Casal es la posibilidad de negociar un acuerdo con la DGI en otras condiciones, sin la presión de la denuncia penal en su contra. Pero esto dependerá exclusivamente de la decisión que tome el contratista, quien meses atrás era reacio a cualquier tipo de acuerdo y quería una decisión de la Justicia. Domenech pidió a García la remisión del expediente a un juzgado especializado contra el crimen organizado, para que investigue y defina si quienes tuvieron a su cargo el expediente administrativo sobre Casal incurrieron en el delito de omisión contumacial de los deberes del cargo, debido a la demora de seis años en definir si el empresario adeudaba impuestos al Estado. Para esto, la fiscal se basó en el dictamen del perito contable del Poder Judicial Marcelo Arámbulo, que señaló la demora. El juez remitió el expediente al juzgado especializado de turno sin limitar la investigación a la eventual omisión de uno o más funcionarios o jerarcas señalada por la fiscal, debido a la independencia técnica del juez que tome el caso.

Embargo millonario de la Justicia Civil

Casal, miembros de su grupo económico y sociedades anónimas panameñas están embargados por unos US$ 20 millones, tras la demanda en su contra presentada por la DGI, la que sostiene que adeudan impuestos por la venta de pases de futbolistas al exterior. La medida cautelar de embargo genérico fue tomada por la jueza civil Loreley Opertti, y ratificada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno integrado por los ministros Jorge Chediak, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez. Casal y los otros empresarios embargados sostienen que pagaron los tributos que corresponden y presentaron consultas de renombrados juristas en ese sentido. Tras la ratificación del embargo genérico, el expediente volvió al juzgado de Opertti, quien retomó el trámite de un juicio cuya sentencia definitiva puede demorar años.