Escándalo en Chile: Fiscal revela que detectives encubrieron a sus pares vinculados a red de prostitución infantil

El fiscal Pablo Avendaño, quien investiga la participación de detectives en una red de prostitución infantil que operaba en Valparaíso, reveló ayer una serie de irregularidades en la investigación que llevó a cabo el Departamento V de la Policía de Investigaciones (PDI), que estaría destinada a proteger a los funcionarios indagados. Así lo señaló durante la audiencia de formalización de cargos en contra de cuatro de los nueve imputados que existen hasta ahora en la causa destinada a aclarar el caso, y establecer responsabilidades penales. Avendaño aseguró que hubo encubrimiento de parte de algunos funcionarios que intervinieron en la investigación, y que al menos uno de ellos será formalizado por este motivo. En la audiencia, el fiscal señaló que los investigadores del Departamento V, en sus interrogatorios a víctimas y testigos de la red de prostitución, nunca les preguntaron si había participación de funcionarios de su institución, pese a lo cual, en un informe de 37 páginas, aseguraron que ningún detective estaba involucrado en ella. También reveló que la PDI perició un computador incautado en uno de los prostíbulos que mantenía el proxeneta Carlos Parra Ruz, cabecilla de la red de prostitución y condenado por trata de personas. Tras ello informó que había encontrado 266 fotografías, y que en ninguna de ellas aparecía algún detective. Sin embargo, el mismo computador fue periciado más tarde por Carabineros, quienes hasta ahora han encontrado 2.600 fotos, de las cuales en al menos una aparece un detective, y detectaron muchas otras borradas. En la audiencia, que se prolongó ayer por seis horas y que continúa hoy, debían ser formalizadas nueve personas, pero sólo se presentaron cuatro: el ex detective Jimmy Gutiérrez y los detectives Edgardo Uribe, Alejandro Puga y Héctor Hernández. Éstos fueron formalizados por no brindar protección a las menores; por no haber denunciado delitos y haber obtenido servicios sexuales de menores. A la audiencia de formalización no se presentaron cinco de los imputados: el abogado Ricardo Bravo, los detectives Jorge Gallardo, Sergio Jarpa y Claudio Cortez, y el ex funcionario de la PDI Héctor Guzmán, quien denunció la participación de policías en la red de prostitución infantil. Los ausentes, excepto Guzmán, adujeron a través de sus abogados no haber sido notificados personalmente de la formalización, y además el estar enfermos. Guzmán no fue habido. El tribunal declaró inadmisibles las querellas de Joaquín Lavín, Ricardo Lagos Weber y el Sename, porque no tienen "legitimación activa". En el caso de los dos primeros, los defensores acusaron un posible "uso político" de sus querellas. "Estamos tratando de recuperar más fotos (del computador) y averiguar en qué fechas fueron borradas, para establecer quién las suprimió".

Diputados piden a Bachelet que anule los retiros

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados le añadió presión al complejo escenario que enfrenta la PDI al reprochar explícitamente la decisión del ex director Arturo Herrera de llamar a retiro a cuatro altos oficiales de la institución, justo en medio del escándalo por los supuestos vínculos entre detectives y una red de prostitución infantil. Aunque la sesión de ayer fue declarada secreta, el presidente de la comisión, Sergio Ojeda (DC), informó que por unanimidad se acordó pedirle a la Presidenta de la República que no firme los decretos con los retiros de los prefectos generales Julio Ibáñez y Víctor Avellaira, y del prefecto Paulo Portorelli. "La comisión llegó a la convicción de que estos funcionarios no tienen ningún tipo de vinculación con los hechos en cuestión", precisó Ojeda, tras escuchar los testimonios de los tres aludidos. El cuarto policía llamado a retiro, el prefecto Héctor Soto Candia, no llegó a la cita y será invitado para que asista el miércoles. Pero las críticas de la comisión de DD.HH. no se limitaron a Herrera. También resolvió citar a una tercera comparecencia por este caso al subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, quien en las dos anteriores entregó informes que descartaban cualquier nexo entre detectives y la red de prostitución. Con ello los legisladores pretenden identificar a los autores de dicha investigación interna, así como al oficial que se la entregó a Navarrete. También buscan establecer qué información había sobre la red de protección de "Charly" -el proxeneta que explotaba sexualmente a las menores- y las diligencias que se realizaron y las que eventualmente se omitieron. Los oficiales llamados a retiro dijeron respetar esa atribución del director de la PDI, pero lamentaron cómo y cuándo la ejerció. Ibáñez adujo que sin tener nada que ver, su nombre quedó ligado a la red de prostitución infantil. En una ceremonia protocolar realizada en la Escuela de Investigaciones y a la que asistió la Presidenta Michelle Bachelet, el renunciado Arturo Herrera entregó el mando de la Policía de Investigaciones a su sucesor Marcos Vásquez. Herrera fue el único orador. Y en parte de su discurso de 13 minutos señaló: "He sido intolerante y lo reconozco. He sido duro y he alejado a muchos, pero era necesario. Ni por probidad, ni falta de transparencia podrán juzgarme. No me oculté y tengo las manos limpias. Aquí estoy para dar la cara". Luego resaltó el combate a la corrupción que se esforzó por imprimir a su gestión, "aun cuando ello significara asumir los costos que hoy tenemos que vivir". Y agregó sobre el particular: "recibí apoyo, pero también estuve solo en muchos momentos, más de lo que hubiese imaginado". Herrera exhortó a los detectives a colaborar con el nuevo director. Luego recibió a Marcos Vásquez con un fuerte abrazo y se despidió de la Presidenta de la misma forma. En la oportunidad, el nuevo director, Marco Vásquez, recibió la condecoración "Presidente de la República", por el nombramiento en su cargo.

Indagan a ocho detectives por otro caso de corrupción

Ocho funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de San Bernardo están siendo investigados por la Fiscalía Metropolitana Occidente por las presunciones de que recibieron coimas en el ejercicio de sus funciones. La fiscal regional Solange Huerta confirmó que se trata de una investigación aún desformalizada por delitos funcionarios que podría tener resultados en el plazo de un mes. Se excusó de entregar más detalles por el carácter reservado de las indagatorias. También el director de la PDI, Marcos Vásquez, admitió que en la pesquisa trabaja el Departamento V de Asuntos Internos y aseguró que cuando termine difundirá sus resultados. Reiteró que los últimos casos de corrupción que involucran a detectives "son puntuales" y no comprometen la honorabilidad de los 10.400 funcionarios de la PDI. El propio Arturo Herrera, cuando aún era director de la PDI, denunció en mayo pasado al Ministerio Público hechos constitutivos de delitos en que aparecían mencionados detectives de San Bernardo. Luego cursó el retiro del jefe policial Metropolitano, Víctor Avellaira, por evaluación en su gestión de mando. (El Mercurio)