La izquierda también discrimina: condenan a intendencia de Canelones por maltrato a funcionaria discapacitada

Un Tribunal de Apelaciones ratificó un fallo que había condenado a la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) por discriminación a una funcionaria. La sentencia señala que a la mujer, sin justificación alguna, se le privó la posibilidad de ocupar un cargo jerárquico al que había accedido. En agosto de 2008 el juez Letrado de Canelones de 3° Turno, Walter Burella, había condenado a la comuna a indemnizar a una funcionaria con $ 390.000 debido a que se constató trato discriminatorio de parte de las jerarquías que no le otorgaban trabajo en el Departamento de Adquisiciones, oficina a la que estaba asignada. La demandante también pidió un resarcimiento ya que, en 2005, cuando asumió la actual administración del Frente Amplio en Canelones, fue descendida de categoría, y le asignaron tareas de un cargo de menor jerarquía al que le correspondía, según su carrera funcional. El juez Burella -que actualmente se desempeña en un juzgado de Violencia Doméstica de Montevideo- había señalado en su sentencia que la mujer cumplía con su horario de trabajo "sin hacer nada, por estar sentada en la oficina, en un rincón, pasando a formar parte -por así decirlo- del mobiliario de la oficina sin ninguna tarea asignada, expuesta al desprecio de sus compañeros de trabajo". Las autoridades de la Intendencia de Canelones apelaron el fallo de primera instancia, pero el Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno, en una sentencia emitida el pasado 17 de junio, confirmó la resolución y condenó a la comuna a resarcir a la funcionaria por los "daños y perjuicios" causados. El abogado demandante, Diego Iglesias, dijo que es el primer fallo de segunda instancia que condena a la comuna, aunque existen al menos otros cinco casos en trámite por situaciones similares que fueron iniciados por otros funcionarios contra el municipio de Canelones. El fallo del tribunal redactado por el ministro Tabaré Sosa y que fue firmado por los jueces Jorge Chediak y John Pérez, agrega que cuando finalmente se le otorgaron funciones a la demandante, se trató de tareas que "legítimamente le correspondían a un funcionario de inferior jerarquía". "No existen en autos motivo alguno que justifique la actitud asumida por la demandada de preferir no darle tareas...", subraya la sentencia. Por eso, añade la resolución, la decisión de las autoridades del gobierno departamental de Canelones "no sólo la privó del ejercicio del cargo al cual tenía legítimamente derecho, sin causa alguna que justifique tal extremo, sino que claramente efectuó actos que ocasionaron daño moral en la reclamante". De todos modos, el fallo del tribunal rebajó notoriamente el monto de la condena al municipio de Canelones, por considerarlo elevado. Estableció la sanción en $ 50.000 en lugar de $ 390.000 que reclamaba la funcionaria.

Mal trato jerárquico

"Ella está sentada a un costado todo el horario de trabajo", dijo uno de los testigos. Otro reveló que el gerente de la División "le decía cosas como `renga podrida`", en alusión a una dificultad que la funcionaria padece en su pierna derecha. Según dijo el testigo, ese mismo jerarca "no le daba ninguna tarea". (El País)