Río de Janeiro: por primera vez vecinos de las favelas quieren expulsar a los narcotraficantes
Un nuevo modelo de seguridad implantado en los últimos meses en cinco favelas de Río de Janeiro, que pasa por la expulsión de los narcotraficantes y la mejoría de servicios sociales, es del agrado de los vecinos de estas áreas pobres, según un estudio publicado hoy. En torno a un 60 por ciento de los encuestados, vecinos de las favelas Dona Marta y Cidade de Deus, consideró que la seguridad personal y de sus familias ha mejorado desde que la policía tomó el control de sus barrios, según una encuesta divulgada hoy por el centro de estudios privado Fundación Getulio Vargas. La mitad de los vecinos también opinó que ha mejorado la cuestión del respeto a los derechos humanos en la favela y, cerca de un 54 por ciento dijo que la violencia policial se había reducido. A la gran mayoría, por encima del 90 por ciento de los encuestados, les gustaría que se mantenga este modelo de forma indeterminada y que se extienda a otras de las 900 favelas de Río de Janeiro en las que vive un tercio de los seis millones de habitantes de la segunda mayor ciudad de Brasil. Algunos vecinos también se quejaron de la persistencia de casos de extorsión por parte de policías ajenos a este sistema de seguridad denominado "patrulla comunitaria". El Gobierno de Río de Janeiro estableció este modelo en octubre de 2008, comenzando en la favela Dona Marta, una barriada miserable encaramada en una escarpada ladera de la montaña del Corcovado, a los pies de la estatua del Cristo Redentor y sobre el acomodado barrio de Botafogo. El modelo se ha extendido ya a otros cuatro de estos barrios pobres. En febrero de este año la policía lo aplicó a Cidade de Deus y a Batam, ambas en la depauperada zona oeste de la ciudad y, en junio, a las de Babilonia y Chapéu Mangueira, que coronan un cerro sobre la turística playa de Copacabana. En este tipo de operación, la policía realiza incursiones diarias hasta que expulsa a las bandas armadas que llevan décadas instaladas en las favelas extorsionando a los vecinos y sirviéndose de sus tortuosos callejones y sus abruptas colinas como fortaleza. Después, se instalan cuarteles en puntos estratégicos de las favelas y las unidades de la policía, especialmente entrenadas para realizar tareas de vigilancia continua, comienzan a patrullar incidiendo en un trato humano y cercano con los vecinos. El Gobierno regional también aprovecha para extender diversas asistencias sociales, regularizar los servicios de agua y electricidad y acometer obras de urbanización. Hasta ahora participan en el proyecto cerca de 460 policías y se espera que se sumen otros 3.500 hasta finales de 2010, la mitad de los que van a salir de la escuela de policía el año que viene.
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