¿Por qué se condena a los diabéticos en Uruguay?

Se calcula que en Uruguay unas 300 mil personas padecen diabetes y dentro de diez años la cifra se pude duplicar en un país con poco más de 3 millones de habitantes. Con ese panorama el Ministerio de Salud Pública no hace nada serio para mejorar la calidad de vida de los diabéticos. Para "tapar el ojo" redujo el costo de los medicamentos para dicha patología pero no fue al fondo de la cuestión: no distribuye entre los enfermos una droga llamada citagliptina por su costo y la presión de los laboratorios competidores. En Estados Unidos y Argentina hace ya más de tres años la diaformina y la glibenclamida, medicamentos apilados en las farmacias por su enorme consumo, ya no se usan más. Cualquier diabetólogo o endocrinólogo sabe de sobra que la glibenclamida es una suerte "de patada" al páncreas para que genere insulina. Casi todos los médicos uruguayos de dichas especialidades responden cuando se les preguntan que la citagliptina "es extraordinaria, pero muy cara, algo así como 1.500 pesos y no queda otra que ir a comprarla a Argentina." Dicha droga está diseñada para potenciar la sincretina, una sustancia que genera el intestino a la hora de comer, la cual estimula la producción de insulina en el páncreas y disminuye la producción de glucosa en el hígado, generando así, un mecanismo dual de acción. Eso permite al paciente mantener su azúcar en un nivel recomendable por más tiempo. El referido medicamento no tiene contraindicaciones, salvo en aquellos pacientes con insuficiencias renales de importancia. La dosis puede variar de 50 a 100 miligramos por día. Los resultados que se están obteniendo son extraordinarios, al extremo que tanto en Estados Unidos como en Argentina se han abatido notoriamente las mutilaciones y cegueras, provocadas por la cruel enfermedad. En resumen, los diabéticos están recibiendo un tratamiento perimido hace más de tres años y ese lapso, en los tiempos que corremos, es una eternidad. Nos preguntamos qué hace al respecto la Asociación de Diabéticos y, por supuesto, las autoridades sanitarias.